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Negreros preocupados por sus negocios en Cuba

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La Cámara de Comercio de España reclama a la Unión Europea una postura común para actuar contra el endurecimiento de la aplicación de la Ley Helms-Burton, que implicaría «graves riesgos» para las empresas españolas que han realizado inversiones en Cuba, cumpliendo «escrupulosamente» la legislación cubana, española, europea e internacional. La Ley Helms-Burton contempla sanciones para los países que mantienen relaciones económicas y comerciales con Cuba.

El organismo cameral explica en una nota que dicha posibilidad, anunciada por la Administración Trump el pasado mes de enero, ha causado una «profunda preocupación» de las empresas con inversiones en Cuba, que la Cámara de Comercio de España ha trasladado al Gobierno español.

La Cámara de Comercio de España valora y agradece la «contundente» posición trasladada y defendida en la Unión Europea, así como todas las gestiones que se están realizando desde el Gobierno y en particular el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Secretaria de Estado de Comercio. Se trata de acciones orientadas a evitar la aplicación de la Ley Helms Burton de manera extraterritorial a ciudadanos y empresas europeas y muy especialmente a España.

Por ello, reitera la necesidad de mantener una firme posición en defensa de las empresas españolas y de responder de manera proporcionada desde la Unión Europea.

Entre las acciones que podrían llevarse a cabo señala la aplicación del artículo 6 del ‘Blocking Statute’ de la Unión Europea que permite a los Estados miembros afectados por la Ley Helms-Burton iniciar acciones legales en territorio de la Unión Europea en contra de las empresas estadounidenses demandantes de sanciones a las empresas europeas con intereses en Cuba.

LA LEY HELMS-BURTON

La Ley Helms-Burton, aprobada por Estados Unidos en 1996, prevé sanciones para los países que mantienen relaciones económicas y comerciales con Cuba.

El Título Tercero admite la posibilidad de llevar a cabo reclamaciones ante los tribunales estadounidenses de las que podría derivarse la confiscación de propiedades en Estados Unidos de las empresas con operaciones en Cuba, entre las que se encuentran muchas compañías españolas.

El pasado mes de enero, el Gobierno estadounidense cambió el criterio mantenido en los últimos 20 años sobre los plazos de suspensión de la aplicación del Título Tercero de la Ley, lo que implica la posibilidad real de su aplicación a partir del 17 de abril.

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