La próxima semana empiezan a caducar los plazos, unos treinta días, que tenían para presentar alegaciones o llegar a un acuerdo con los demandantes de origen cubano, que les reclaman dinero por enriquecimiento ilícito en sus antiguas propiedades, confiscadas por el gobierno castrista en 1959.

Fuente: La Vanguardia

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