La próxima semana empiezan a caducar los plazos, unos treinta días, que tenían para presentar alegaciones o llegar a un acuerdo con los demandantes de origen cubano, que les reclaman dinero por enriquecimiento ilícito en sus antiguas propiedades, confiscadas por el gobierno castrista en 1959.
Fuente: La Vanguardia