El Gobierno español deplora la confiscación de la planta farmacéutica SM Pharma en la ciudad venezolana de Maracaibo, iniciada por el gobernador Omar Prieto “sin respetar las leyes de Venezuela y sin que existiese justificación que la fundamente”.

En un comunicado hecho público en la mañana del pasado sábado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación denuncia, además, que la decisión “incumple los compromisos adquiridos frente al Gobierno español” y asegura que la medida “supone un perjuicio directo para el sector de la salud venezolano y para el abastecimiento de productos esenciales que benefician a la sociedad”.

SM Pharma, fundada y dirigida por una familia de origen asturiano, “trabaja desde hace cinco décadas al servicio del bienestar de los venezolanos”, recoge el Ministerio en su comunicado, en el que también asegura que “la empresa ha demostrado estar comprometida con Venezuela” y que ha ofrecido a las autoridades “ampliar su actividad productiva y comercial siempre que se aplique la ley y que se le permita operar con normalidad”.

Ante lo que considera “una violación del Estado de Derecho y una señal para los inversores nacionales e internacionales sobra la falta de seguridad jurídica existente en el país”, el Gobierno de España, a través del Ministerio, hace un llamamiento a que “se cumpla la legislación venezolana y cese la ocupación de la fábrica para que SM Pharma pueda estar en condiciones de volver a ofrecer los medicamentos y productos farmacéuticos que necesita el pueblo venezolano”. 

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