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¿Quién organiza los CDR en España?

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Fuente! José María Olmo y Beatriz Parera, El Confidencial.
La Guardia Civil ha identificado a los cabecillas de los llamados Comités de Defensa del Referéndum (CDR), grupúsculos revolucionarios nacidos en barrios y municipios de toda Cataluña que, a juicio policial, jugaron un papel decisivo en el ‘procés’ movilizando a los sectores más radicales del independentismo para tratar de garantizar la celebración del 1-O e imponer después la ruptura definitiva con España mediante el bloqueo de las principales vías de comunicación en dos supuestas huelgas generales.
En un informe remitido al Tribunal Supremo el pasado 28 de febrero, al que ha tenido acceso El Confidencial, los investigadores del Instituto Armado sitúan en la cúspide de los CDR (convertidos en Comités de Defensa de la República después del referéndum y creados a imagen y semejanza de los Comités de Defensa de la Revolución del castrismo) a una veintena de activistas de diferentes partidos y asociaciones que habrían confluido para poner en marcha una estrategia de “resistencia y desobediencia civil” que “forzara el nacimiento de la República Catalana”.

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En ese nivel superior de los CDR se encontrarían Rubén Wagensberg, diputado de ERC en el Parlament; David Fernández y Antonio Baños, exdiputados de la CUP; Jordi Armandans, director de la fundación Fundipau; la filósofa Marina Garcés; Pepe Beúnza y Martí Olivella, miembros del consejo asesor del Instituto Internacional por la Acción no Violenta (Novact); Helena Vázquez, portavoz del CDR de Sants; Aina Delgado, portavoz de Universitats per la República; Eduard Vallory, presidente del Centro Unesco de Cataluña; Marcel Mauri de los Ríos, portavoz de Òmnium Cultural; Joan Vallvé, vicepresidente segundo de Òmnium y accionista del bróker GVC Gaesco; Ariadna Isern y Carme Campayá, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC); Joan Guisado, de la Federación Catalana de Escultismo y Guía (‘boy scouts’); representantes no identificados de Estibadores Portuarios de Barcelona y la Intersindical-CSC; Pol Castelví y un tal Marc, portavoces de los CDR; Inma Zapata, portavoz del CDR de Pineda, y por último, Yasmin Argaz, portavoz del CDR de Calella.
La Guardia Civil sostiene que todos ellos ejercieron un rol directivo en el plan que pusieron en marcha los CDR, de forma coordinada con los partidos independentistas, ANC y Òmnium, para mantener los colegios electorales abiertos el 1-O y tratar de paralizar la economía catalana los días 3 de octubre y 8 de noviembre. Bajo la fórmula de una supuesta “resistencia activa”, los CDR habrían hecho llamamientos para efectuar “cortes de carreteras, calles, vías de tren, impidiendo con ello la circulación de los vehículos y provocando con ello una grave alteración de la seguridad ciudadana, así como impidiendo el normal funcionamiento de un servicio esencial como es el transporte público, o la normalidad de la circulación del tráfico, llegando a emplear para ello incluso a menores de edad, con el consecuente riesgo para su vida e integridad física”.

Agentes antidisturbios forman un cordón de seguridad en los alrededores del colegio Ramón Llull. (EFE)
Agentes antidisturbios forman un cordón de seguridad en los alrededores del colegio Ramón Llull. (EFE)

En esas acciones, y también en otras de teórica “resistencia pacífica”, los manifestantes utilizaron “técnicas aprendidas en talleres de los CDR” que tenían como objetivo dificultar la acción policial. Esas formaciones fueron “impartidas en las asambleas de los CDR en colaboración con la organización En Peu de Pau o ANC”, según precisa el informe de la Guardia Civil que ya tiene en su poder el juez Pablo Llarena, instructor de la causa penal contra los líderes del movimiento independentista.

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“[Los talleres] reflejan la intención de evitar la disolución de las manifestaciones y convocatorias en los lugares públicos, impidiendo el ejercicio de sus funciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Los investigadores recuerdan los títulos de algunas de esas clases: ‘Cómo fortalecer las movilizaciones’; ‘Cómo actuar y cómo protegernos en movilizaciones’; ‘Estrategia no violenta de liberación en 10 pasos’; ‘Cómo cuidarnos en tiempos de revuelta’; ‘Cuáles son las actitudes de la fuerza no violenta’; ‘La no violencia en las redes’ y ‘Criterios para evaluar que una acción es no violenta, coherente y efectiva’. Esos métodos se usaron, por ejemplo, para impedir el acceso de la Policía Nacional y la Guardia Civil a los puntos de votación del referéndum ilegal.
Los primeros CDR surgieron en julio y, en el punto álgido del desafío independentista, en torno al mes de octubre, llegó a haber más de 800 en funcionamiento, algunos de ellos incluso en el extranjero (Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Estados Unidos…). La Guardia Civil subraya que celebraron hasta tres reuniones ‘supramunicipales’ para coordinar su plan de acción. La primera tuvo lugar en Sabadell el 14 de octubre, como reveló este diario, que logró colarse entre los asistentes. La segunda fue en Igualada el 21 de octubre. Y la tercera y última, en Manlleu el 4 de noviembre.

Varias decenas de manifestantes cortan seis vías del AVE en Sants con motivo de la huelga general. (EFE)
Varias decenas de manifestantes cortan seis vías del AVE en Sants con motivo de la huelga general. (EFE)

“En un principio se organizaban a través de asambleas locales, como es el caso del CDR de Sants (que abarca Sants, Hostafrancs y La Bordeta), derivando en un CDR de coordinación territorial, como por ejemplo el CDR Nord Oriental (que abarcaría el territorio nororiental de la provincia de Girona, para coordinar los CDR de Girona-Salt, Corá, Torroella, Blanes, Farners, Lloret, Arbúcies, Casá de la Selva i Grup Popular de Sant Hilari) y llegando finalmente a un CDR Central, siendo este el CDR de Cataluña (…) desde el que se centraliza la información, dirigida a llamamientos a la población”, apuntan los investigadores.
El informe señala que “ha quedado demostrada la relación” de los CDR “con todo el proceso constituyente de la república catalana y el seguimiento de la hoja de ruta prevista (…) e implantada” por el Govern de Carles Puigdemont.

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