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Los negreros españoles con más intereses en Cuba son Melià, Iberostar y Barceló

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El embajador español en Cuba, Juan Fernández Trigo, consideró este miércoles «casi obligado» que la UE lleve a EE.UU ante la Organización Mundial del Comercio por una disposición de la Ley Helms-Burton que abre la puerta a litigios en cortes de ese país contra empresas que operan en la isla. «La demanda ante la OMC diría que es casi obligada porque tenemos unas conclusiones del Consejo de Ministros europeo de 1997 que no lo plantean como posibilidad sino como una exigencia que tiene que tomar la Unión Europea en caso de que se incumpla el memorándum que se firmó», dijo el diplomático en una entrevista con Efe.

El secretario de Estado de EE.UU, Mike Pompeo, anunció hoy miércoles la activación por primera vez en la historia del título III de la Helms-Burton, una medida que permitirá reclamar ante cortes estadounidenses propiedades expropiadas por la Revolución cubana y por la que la UE ya demandó ante la OMC a Washington en 1996, cuando se aprobó inicialmente. Esa normativa permaneció congelada desde su aprobación tras un acuerdo entre el bloque europeo y Washington por el que también se retiró la demanda ante el organismo multilateral. Según el embajador de España, el país con más empresas establecidas en Cuba, «la UE tiene que ser lo más contundente posible de acuerdo con las conclusiones que tomó el Consejo de Ministros diciendo que en el supuesto de que EE.UU se desdijera de lo acordado teníamos que volver a reclamar ante la OMC».

Fernández Trigo opinó que otras fórmulas como la posibilidad de que las firmas extranjeras objeto de querellas «contrademanden» a las empresas que actúen en su contra son más complejas «y nos llevan a empantanarnos en una serie de reclamaciones sin mucho sentido». Recordó que en las relaciones con Cuba, tanto la UE como España han partido del principio de «ayudar al pueblo cubano, abrir este país y permitir que la inversión extranjera sea una fórmula válida para que progrese», frente a la actitud estadounidense de «apretarle las tuercas al pueblo cubano» durante seis décadas. Sobre el número de empresas españolas que podrían verse afectadas por el endurecimiento del embargo, indicó que «prácticamente todo el mundo puede verse afectado» ya que el concepto de «traficar» con propiedades nacionalizadas tras la Revolución de 1959 «es tan amplio que es muy difícil decir quién está afectado y quién no».

Al respecto, subrayó que entre las firmas afectadas también habría algunas estadounidenses que «parece que se están salvando de esta situación». El diplomático se mostró sorprendido porque «parezca que los empresarios de países terceros son los responsables de lo que haga o no el Gobierno cubano en materia de derechos humanos y sin embargo nada se dice de aquellos norteamericanos que se han instalado, como es el caso de las compañías aéreas, que estoy seguro de que están también afectadas por ese concepto tan amplio del ‘traficar’, por ejemplo utilizando un aeropuerto». «Y no queremos que resulte tan chusco como que al final aquellos que no estamos afectados por las leyes del congreso de EE.UU. seamos los perjudicados mientras que los que deberían serlo se salgan bien librados de una situación como esta», advirtió.

Insistió en que activar el título III de la Helms-Burton se traduce «en que un empresario que ha sido animado por la UE a través de la legislación para que se anime a invertir en Cuba porque eso era legal, ahora se le dice que con arreglo a la legislación de otros puede verse inmerso en procesos judiciales». Ello conlleva «que con independencia de que la sentencia sea favorable o no a los demandantes, estos señores van a tener que gastar un dinero en defenderse y eso nos parece absolutamente inadmisible», prosiguió el diplomático. «Un empresario europeo no tiene por qué responder ante la justicia norteamericana por leyes que no le atañen y que no fueron aprobadas por sus propias autoridades», remarcó. Sin embargo, precisó que la acción de Washington «trata sobre todo de desincentivar a aquellos que podrían venir» a invertir en Cuba, y que aplicar el título III sobre quienes ya operan en la isla «es más complicado de lo que pueda parecer».

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