La llegada de un gobierno socialista, que deberá gobernar con el resto de las fuerzas de izquierda que se han manifestado todos estos años a favor de una Ley “integral” de nacionalidad, allana el camino de su aprobación.
Ha llegado la hora de reactivar la “Proposición de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los descendientes nacidos en el extranjero de españoles”, que como recordamos todos, fue propuesta el 21/12/2016, pero que ha sido postergada sin razones válidas por aquellos que la presentaron en su día; o sea los diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que ahora, gracias a su voto a favor de la moción de censura, tendrán algunas cuotas en el gobierno encabezado por Pedro Sánchez.
Recordemos que esta propuesta de Ley se encuentra esperando que sea tomada en consideración por las Cortes del reino, que no serán disueltas hasta que no se convoque a elecciones en un plazo que al día de hoy, nadie sabe cuándo van a producirse.
Es poco probable que se mantenga la estabilidad de un gobierno socialista, aupado por un espectro político con intereses diversos -cuando no contradictorios-, hasta el final de la legislatura dentro de dos años. Es por ello, que aquellos que se han comprometido con la inmigración deben, cuanto antes, aprovechar esta oportunidad única para cumplir con la palabra dada a los hijos de emigrantes discriminados.
La Proposición de Ley pendiente el en Senado con mayoría del Partido Popular, no tiene ninguna posibilidad de prosperar; más aún cuando, el jefe del Grupo Popular en el Congreso, acaba de manifestar que su formación no va a facilitar la gobernabilidad.
Pedimos a Pablo Iglesias y a Alberto Garzón que atiendan ahora las exigencias de los descendientes excluidos, que sólo reclaman que se reconozcan sus derechos como españoles. Los mismos que les han sido escamoteados por el Partido Popular durante todos estos años. Es hora de hacer justicia. Un gobierno de izquierdas no puede faltar a su deber. Restaurar de una vez y por todas, los derechos de los emigrantes con la Ley Integral de Nacionalidad necesaria, justa y perenne, que nos prometieron en 2016, no sólo es urgente, sino que la demografía vuelve indispensable. Nadie en Hispanoamérica comprendería más dilaciones, ni tampoco tolerará otro desplante de la clase política española cara a las elecciones que se avecinan.
¡Se acabaron las excusas!