Dos pandillas integradas por adolescentes perturban la tranquilidad ciudadana en las calles del municipio habanero del Cerro, ante la pasividad de las autoridades policiales
Conocidas como Las Apululus y Los Atormentados, ambas bandas se dedican a la agresión física a ancianos, el asalto y el robo con violencia en la vía pública
Las barriadas El Canal, Las Cañas, Carragüao, Pilar y Atarés se encuentran entre las más azotadas. Las víctimas son despojadas de sus pertenencias, principalmente celulares, accesorios, dinero y prendas de vestir.
Para la psicóloga Leticia Collado, vecina de Las Cañas, «estos comportamientos son la consecuencia de la fractura familiar y de la crisis de una estructura educativa ideologizada, que poco se interesa por cultivar en niños y adolescentes el civismo y los principios socioculturales».
«La familia vive inmersa en un sobrevivir diario agudizado por las circunstancias económicas del país, mientras el ámbito escolar dejó de ser un atractivo o un incentivo», como consecuencia de la falta de perspectivas de un futuro profesional próspero, añadió Collado. «Estas deficiencias son caldo de cultivo para los comportamientos delictivos», concluyó.
F. Sayú, maestro jubilado y vecino de la barriada El Canal, cuestionó por su parte el papel del Poder Popular, la Policía y las llamadas «organizaciones de masas» controladas por el Gobierno, principalmente los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).
«A los delegados del Poder Popular y los CDR solo les interesan las tareas revolucionarias como la guardia cederista, los trabajos voluntarios, convocar a una marcha combatiente; o estar al tanto de cómo te vistes, qué comes y con quién te relacionas», criticó Sayú.
«Pero nada de saber por qué estos adolescentes no van a la escuela o lo que sucede dentro de esos centros. Para colmo, la Policía apenas merodea estas calles y, cuando ves un patrullero, de seguro andan detrás de alguna muchachita, interceptando viejitas vendedoras de maní o en sus corruptelas. Dan más inquietud que seguridad», señaló.
Sin embargo, Cecilia Canteros, presidenta de un CDR y delegada en Las Cañas, consideró que «el problema empieza dentro de las casas, donde las familias apenas se ocupan de la crianza y educación de esos adolescentes».
«Aquí muchos conocen quiénes son los muchachos que están en Las Apululus y Los Atormentados, pero nadie los denuncia por temor a las represalias de sus familiares que son gente también violenta. El Estado no es responsable de estas problemáticas porque las personas no avisan los hechos ante las instancias correspondientes», comentó Canteros.
Una fuente policial, que no puede ser revelada, dijo que estos hechos son considerados como «indisciplina social y no como actos delictivos, por tanto se deja la responsabilidad y solución a las estructuras del Partido y la Juventud».
«El departamento de Atención a Menores solo actúa cuando ya existe un proceso penal; apenas se aplica el trabajo preventivo», añadió la fuente. «Hay varias denuncias sobre estas pandillas, pero las indicaciones del Partido es que ya se están ocupando del asunto».
Mientras el Partido Comunista «se ocupa», los vecinos de estas barriadas viven con temor y varios ciudadanos han sufrido lesiones como consecuencia de los asaltos cometidos por las dos pandillas.
«Cuando maten a dos o tres viejitos o al ahijado de algún mandamás por quitarle cuatro pesos o un celular es cuando van a tomar cartas en el asunto. Así funciona este país: hay que poner un muerto para que el Gobierno mueva un dedo», se quejó Sonni Díaz, madre de dos hijos.
Ante el creciente fenómeno de violencia en la Isla, la prensa oficialista guarda silencio. Salvo contadas excepciones, siempre tratadas como «hechos aislados», se advierte a la población sobre actos delictivos violentos, pero nunca cuando sus autores son adolescentes.
