La proposición de ley titulada Proposición de «Ley de reconocimiento de todas las víctimas de la dictadura y de recuperación de la Memoria Histórica», había sido presentada por el grupo parlamentario Esquerra Republicana el pasado 19 de mayo de 2017, pero fue rechazada el 26 de junio siguiente. Ninguna asociación o grupo político que trata el tema de la emigración se percató que el artículo 27 proponía una modificación sustancial de Registro civil que reconocería el derecho a la nacionalidad española de «los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio».
Se prevé que una nueva proposición de ley en el mismo sentido sea presentada en breve por el Partido Socialista, según informó la semana pasana pasada Europapress.
La Proposición de Ley presentada por Esquerra, tenía como principal objetivo la modificación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocían y amplíaban los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, a fin de alcanzar el reconocimiento de toda las víctimas de la Dictadura que hasta el momento no han obtenido su justo reconocimiento y reparación.
Por otro lado, también se pretendía la recuperación de la memoria histórica de la II República y de la represión franquista, que la propia dictadura y la amnesia de la transición tergiversó y escondió.
El portal del Congreso informa que la proposición de ley se encuentra «Decaída«, o sea, se trata de una iniciativa que no llega a concluir su tramitación porque su autor o autores no la han defendido cuando estaba prevista, bien porque no estaban presentes o por otras razones. Esto se aplica a las preguntas orales en Pleno o en Comisión. Para las interpelaciones se entiende que esta decae cuando habiendo estado incluida en el orden del día de una sesión plenaria no llega a debatirse.
Recuperación de la Memoria Histórica Republicana
Después de siglos de caciquismo político y de una década de dictadura, con la connivencia de la Monarquía, la Iglesia y el Ejército, la proclamación de la II República española el 14 de abril de 1931, supuso una época de democratización del Estado español y sus poderes públicos y de progreso social.
La II República, instaurada legítimamente y democráticamente por la voluntad popular que otorgan las urnas, supuso una gran transformación política y social, que supondría el embrión del actual Estado democrático, social y de Derecho.
Las más importantes transformaciones políticas fueron el reconocimiento del sufragio universal (por fin se reconoce el derecho de voto de la mujer) y el referéndum, el reconocimiento de la pluralidad territorial del Estado con la consiguiente descentralización y elaboración de Estatutos de las nacionalidades históricas, la separación Iglesia-Estado, la reforma militar o la instauración del Tribunal de Garantías Constitucionales (precedente del actual Tribunal Constitucional).
A nivel social, hay que destacar la abolición de los privilegios sociales, las reformas en la propiedad de la tierra, la protección de la infancia, la protección social de las clases trabajadoras, la reducción de la jornada laboral, la universalización, gratuidad y laicidad de la enseñanza primaria, la independencia y garantías judiciales, la instauración del matrimonio civil y el divorcio.
No obstante, la continuación de las reformas políticas y sociales por las cuales la ciudadanía apostó legítimamente en las urnas, después de dos años de contrarreformas, fueron interrumpidas por la fuerza en un golpe militar que a la postre derrocó al legítimo régimen republicano.
El derrocamiento de la República conllevó la instauración de una dictadura represiva que a nivel político supuso la aniquilación de las instituciones republicanas, el pluralismo político y las reformas de modernización estatal. Más allá de eso, el nuevo régimen condenó al ostracismo y la ilegalidad los símbolos republicanos desde la moneda a la bandera, pasando por el escudo y el himno.
La recuperación de la democracia, que fue abolida por el golpe militar y la dictadura, no ha conllevado el reconocimiento del legítimo régimen republicano como sistema democrático que modernizó el Estado español y reconoció los derechos y libertades de que gozamos hoy y que instauraría definitivamente la Constitución Española actual.
El artículo 27 concierne el tema de la nacionalidad
Establecía que se modificaría la disposición adicional séptima que quedaría redactado de la siguiente manera:
«Disposición adicional séptima. Adquisición de la nacionalidad española.
1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen.
2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.
3. Los descendientes de mujeres españolas y los descendientes de hombres que tuvieron que renunciar a la nacionalidad con anterioridad al nacimientos de sus hijos también podrán optar a la nacionalidad española de origen.»