Nacionalidad española para todos los cubanos y puertorriqueños
Con la firma del Tratado de París España se separaba, no sólo de sus territorios y posesiones ultramarinas, sino que también arrebataba a millones de sus ciudadanos el derecho a optar por la nacionalidad de sus ancestros. Los actuales descendientes de aquellos españoles se encuentran hoy desamparados, sometidos unos a un régimen dictatorial y otros a un limbo jurídico.
España puede cambiar su historia
Al igual que hoy se admiten, justamente, las prerrogativas de los sefardíes a la nacionalidad española y dada la Nulidad de un Tratado que nunca fue refrendado por la Cortes del Reino, pedimos al señor Presidente del Gobierno que también reconozca por decreto, el derecho inalienable a la nacionalidad de cubanos y puertorriqueños, pues este reconocimiento, además de restablecer la equidad entre todos los descendientes de españoles que la perdieron en siglos pasados, abre perspectivas inimaginables para la hispanidad en el siglo XXI.
España no puede impugnar el Tratado de París pero sí hacer justicia a los descendientes de aquellos españoles
La creación de la República de Cuba no resolvió tampoco este problema legal, puesto que la Constitución cubana establecía que aquellas personas debían «optar» por la nueva nacionalidad cubana, algo que en la práctica –y de toda evidencia– también resultó difícil de aplicar. Los que no lo hicieron, así como sus descendientes, siguieron conservando de facto su condición de españoles al menos hasta 1940. En consecuencia, sus descendientes siguen siendo españoles y podrían reclamar esta condición actualmente en los registros civiles de la Península.
En 1940, la nueva Constitución decretó por ius solis la condición de cubanos a los nacidos en Cuba, con lo que los españoles que no «optaron» en aquel momento por seguir conservando la nacionalidad terminaron perdiéndola, así como sus descendientes.
Ahora bien, la nacionalidad española no depende de la nacionalidad cubana ni viceversa. Cada Estado soberano decide por sí mismo quienes son sus ciudadanos. España no puede impugnar el Tratado de París pero sí hacer justicia a los descendientes de aquellos españoles, reconociendo su derecho a la nacionalidad. Nada lo impide y sería un acto de justicia elemental. Las recientes decisiones del Tribunal Supremo negando la condición de españoles a los nacidos en los territorios de ultramar son una vergüenza y una aberración del derecho. Dada la actual coyuntura política internacional, abrir la nacionalidad a todos aquellos descendientes de españoles que lo soliciten, abre perspectivas insólitas, –trascendentales– para la causa de la hispanidad. Solo un ciego no sabría verlas.