Francisco J. González Sosa (De su ensayo Descolonizando a Puerto Rico: la opción española)
II
El estatus actual de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado (ELA) o “Commonwealth”, surge en 1952 de una convergencia de intereses: por un lado, de la nueva generación de líderes puertorriqueños que deseaban reformas pragmáticas que otorgasen mayores poderes de autogobierno local con el propósito de mejorar la situación socio-económica del país; y por otro, el deseo del Congreso y de la administración del Presidente Truman de proteger la permanencia de las instalaciones militares y de las propiedades de inversionistas norteamericanos en la isla. Por consiguiente, los poderes otorgados por Washington al gobierno local resultan ser más bien reflejos de las prioridades existentes en la década del 1940 al 1950 y no representan el máximo grado de autonomía posible bajo la Constitución estadounidense.
Más aún, en los mas de cuarenta años desde su creación, el E.L.A. ha sufrido cambios en las premisas que validaron su origen: entre estos, vale destacar la transformación de la economía de Puerto Rico, reduciéndose la importancia del sector agrícola en respuesta del crecimiento de la manufactura y de los servicios profesionales; y el fin de la Guerra Fría entre los EE UU y El Estado Libre Asociado, creado en virtud del Public Law 600 en el propuesto plebiscito.
Sin un sólido respaldo de amplios sectores en el Congreso (que tiene la última palabra sobre un cambio en el estatus independientemente de cuál opción resulte ganadora en un plebiscito), sumado al creciente poder del elemento conservador dentro Partido Republicano y en la sociedad norteamericana en general, la estadidad para Puerto Rico no es viable ahora ni en un futuro cercano.
Por último, los proponentes de la independencia no han logrado crear un movimiento político de masas que apoye esta alternativa. Las diferencias ideológicas y de estrategias, sumado a choques de personalidad, han fragmentado el sector independentista. Sin embargo, el rechazo de la independencia por la mayoría del electorado puertorriqueño en todos los plebiscitos efectuados hasta la fecha parece ser más bien reflejo del temor al descalabro económico e inestabilidad política que surgirían en la isla una vez retirada la presencia estadounidense. Es decir, el puertorriqueño contempla su entorno caribeño y por analogía concluye que Puerto Rico no puede existir como una republica independiente al mismo tiempo que se mantiene la presente estabilidad política y (comparado con el resto de América Latina y el Caribe) relativamente alto desarrollo económico de la isla.
El Partido Independentistas Puertorriqueño (PIP)
Una conclusión lógica partiendo de la problemática presentada por cada una de las alternativas presentadas es que el estatus final de Puerto Rico tiene que llenar los siguientes requisitos: primero, para que cuente con el apoyo de la mayoría de los puertorriqueños, debe de asegurarse tanto el respeto y preservación de la identidad cultural nacional, al igual que garantizar un nivel de desarrollo económico comparable al obtenido bajo el régimen actual; segundo, que el nuevo estatus sea uno basado en principios democráticos que faculten al pueblo puertorriqueño para que participe directamente en la elaboración y aprobación de toda medida legislativa que le afecte; y tercero, que se salvaguarden aquellas prerrogativas e intereses que el gobierno estadounidense considere esenciales (como, por ejemplo, acceso a bases militares y facilidades para combatir el narcotráfico), para lograr así el consentimiento y cooperación de EE UU en este proceso descolonizador. Los parámetros arriba establecidos pueden acomodarse a varias formulas políticas, pero no por sí solos definen el universo de posibles alternativas descolonizadoras que logren la soberanía para Puerto Rico: el clima internacional permeará las discusiones en torno al estatus e influenciará el curso de los acontecimientos tanto en la isla como en la metrópolis estadounidense.
