Varias asociaciones en las excolonias españolas piden la integración de sus países en España en condiciones de «igualdad»
Lo cierto es que no son los primeros que aluden a la ilegalidad del Tratado de París, firmado en 1898. En su caso, aducen a su ilegalidad por falta de representación del Gobierno autónomo de Puerto Rico, pero desde hace años también existen grupos que pretenden la integración de Cuba en España y que aluden a varios puntos en los que el tratado no sería legítimo. Es el caso de la asociación Autonomía Concertada para Cuba (ACC), que defiende la integración de la isla en España en condiciones de igualdad con el resto de los territorios.
«Cuba gozaba de un Gobierno y un Parlamento que tendrían que haber consultado»
En la misma línea que los puertorriqueños, el fundador de la ACC, Ferrán Núñez, asegura que «se olvida muy rápido la existencia de la Carta Autonómica» por la que se establecía la soberanía de Cuba con su Cámara Insular. «Cuba gozaba de un Gobierno legítimo (electo) y un Parlamento que tendrían que haber consultado antes de firmar nada». Pero además, defiende, «nunca la Reina Regente estuvo autorizada para ceder ciudadanos, sólo territorios y propiedades. Por esa razón jamás fue discutido seriamente en las Cortes» y, aunque el Ejecutivo obtuvo la autorización para firmar el Tratado como lo exigía la Constitución, lo hizo a través de expedientes parlamentarios. «Lo importante es que los señores diputados de la época no lo refrendaron y un Tratado Internacional que no se apruebe en el Parlamento, antes y ahora, simplemente no vale», dice Núñez.
Diferentes vías de actuación
No obstante, en el caso de la ACC, tienen claro que no conseguirían nada por la vía que defienden los puertorriqueños. Su estrategia radica en reclamar la nacionalidad española utilizando como argumento los cabos sueltos legales que se quedaron tras la firma del Tratado de París, acudiendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y una vez abierta la brecha a su favor, asegura Núñez, España tendría dos opciones: o Ratificar el Tratado de París ante el Parlamento 116 años después o plegarse a la decisión del Tribunal. El reclamo de la nacionalidad se volvería imparable en Cuba, defiende, con lo que «a continuaciín, un referéndum indiscutible sería garantía de éxito».
La ACC nació en 2012 y fue legalizada en Francia. Pero aunque es anterior al MRE, no ha conseguido ni tanta difusión ni tantos apoyos. Apenas tienen 28 afiliados que pagan su cuota religiosamente. «Detractores sí que tenemos un montón, nos atacan historiadores desde Cuba, pero también del exilio. Muchos periodistas y blogueros que tienen acceso a internet cuando no tienen de qué hablar, pues la emprenden contra nosotros y hasta el artículo en español que teníamos en Wikipedia fue borrado tras recibir amenazas de muerte». Mientras, ellos aseguran que una integración en España permitiría «un regreso acelerado de Cuba a la modernidad sin demasiado drama» y España obtendría beneficios a nivel político.
No obstante, son muy conscientes de que su futuro es complicado. La labor de la asociación hasta ahora ha sido compilar datos, estructurar el discurso y los argumentos legales de la petición. Pero la ACC ha topado con su techo, reconoce Núñez. «En algún momento habrá que sacar el pecho y salir a la calle, pero eso aún está lejos».
