José Gabriel Barrenechea.
Reconocer que la cubana es una nación transnacional tiene implicaciones trascendentales. Sobre todo para el cómo entendemos el asunto de la de soberanía nacional, a la cual ya casi nadie la ve de la misma manera que nuestros padres y abuelos en el remoto 1970.
Recordemos que para esa fecha cualquier emigrado, sobre todo a los Estados Unidos, era un desertor, alguien que había abandonado la obra de construcción de la nueva Cuba, para irse a vivir en el paraíso del individualismo capitalista, y por tanto alguien a quien debía excluírsele por completo del cuerpo de la Nación.
Desde la visión transnacional que casi todos compartimos hoy, sin embargo, los emigrados tienen derecho a la participación política en la vida de la Nación. Es por tanto natural y legítimo que si el gobierno de su país de origen, Cuba, les quita ese derecho, esos emigrados usen la política del país que los acogió, Estados Unidos, para intentar obligar a aquel a devolverles ese derecho; a la vez que será también natural y legítimo que el gobierno del país de acogida trate de satisfacer las aspiraciones de esos votantes suyos.
Es cierto que originalmente ese interés en recuperar derechos en Cuba, de los emigrados cubanos en los Estados Unidos, no fue la causa determinante de la proclamación del Embargo, sino en realidad los intereses geoestratégicos de Washington en su juego de ajedrez de la Guerra Fría. Mas como implícitamente lo reconocen hoy quienes se quejan del “secuestro” de la política de los Estados Unidos hacia Cuba por el Exilio Cubano en aquel país, o al menos por un sector suyo, al presente el Embargo y las sanciones se mantienen solo por ese interés de la Emigración Cubana en Estados Unidos en recuperar sus derechos negados en su país de origen.
Por tanto coloquemos las cosas en su lugar correcto: A menos que neguemos primero el carácter transnacional de la Nación Cubana, nadie puede a su vez negar que los emigrados tienen derecho a la participación política en la vida de su país de origen, y a hacer lo posible por recuperar ese derecho si les es quitado. Pero si se es consecuente tampoco nadie se puede escandalizar ante el hecho de que dada esa negación de derechos en una nación transnacional, el Gobierno del país en que han sido acogidos los emigrados, y en el cual son hoy una comunidad considerable, se vea obligado, por imperativos de su propia política interna democrática, a hacer lo posible por que recuperen esos derechos.
Lo que debe de escandalizarnos, primero y antes que todo lo demás, es que el gobierno cubano prive de derechos inalienables a la persona humana.
Pero no es solo un asunto de ética, si no también práctico. Más allá de que el gobierno cubano no tiene derecho a privar a nadie de sus derechos nacionales por tener ideas diferentes, y mucho menos por abandonar un proyecto político cruzado y milenarista, para emigrar a otro país que en muchos aspectos es su opuesto por sus fundamentos ideológicos, al hacerlo pone en acción el proceso que termina por crear en el país de acogida de los emigrados un grupo de presión en contra de La Habana, que obliga a los Estados Unidos a mantener una política confrontativa hacia el gobierno cubano, para intentar satisfacer los deseos de esos nuevos ciudadanos.
De más está decir que no reconocer el derecho de los exiliados a intentar recuperar su derecho, y el deber de los políticos americanos a hacer lo posible por satisfacer ese deseo de los exiliados, o al menos a hacer como que hacen lo posible para satisfacerlo (la administración Trump fue maestra en esto último), es claramente un reconocimiento implícito del derecho del gobierno cubano (régimen si tal derecho tiene: y usted acaba de reconocérselo) a decidir quién es parte de la Nación, y quién no.
Por tanto, si usted redacta una Carta en la cual implícita o explícitamente niega tanto el derecho de los emigrados a usar de la política interna americana para recuperar lo que como personas y nacionales cubanos les es inalienable, así como la legitimidad de esa política interna americana al intentar satisfacer las aspiraciones de un sector de su población, y de paso no es capaz de mencionar que es el régimen cubano el origen de todos los males, independientemente de lo amorosa o académicamente que usted redacte la dicha Carta no podrá más que encontrar el rechazo de un sector emigrado.
Porque sin lugar a duda para usted es legítimo que el gobierno cubano prive de derechos inalienables a la persona humana, en específico a sus connacionales.
La Joven Cuba, el profesor Lazo, y todos los redactores de cartas por ese estilo, deben entender que si el Exilio y la Oposición los llama agentes de la Dictadura Cubana, no deben indignarse ya que son ellos los únicos responsables, al callar en sus textos el problema que es en sí el origen de todos los males: La existencia en Cuba de una facción que se abroga el derecho de hablar en nombre de todos, de definir quién es parte de nuestra Nación, y quién no, de quitar derechos inalienables a la persona humana.
