El Decreto Real promulgado tras la firma del Tratado de París de 1898, que formalizó la cesión y renuncia de territorios ultramarinos por parte de España a los Estados Unidos, marcó un punto de inflexión trascendental en la vida de miles de personas. Más allá de la transferencia de soberanía, este decreto impuso una pérdida automática de la nacionalidad española para los naturales de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam que residían en dichos territorios al momento del canje de ratificaciones. Esta decisión, aparentemente administrativa, sembró las semillas de complejas implicaciones que persisten hasta nuestros días, afectando no solo a aquellos individuos sino también a sus descendientes.
La letra del decreto establecía una clara línea divisoria. Aquellos que habitaban los territorios cedidos perdían su condición de españoles, relegándolos a la categoría de extranjeros en la tierra donde habían nacido. Se abría una puerta para la recuperación de la nacionalidad, sujeta a las condiciones del Código Civil para quienes la perdían por adquirir otra, un proceso que implicaba una voluntad expresa y el cumplimiento de ciertos requisitos. Sin embargo, esta posibilidad no mitigaba el impacto inicial de la desnaturalización forzosa.
Existieron excepciones, como para aquellos que, siendo naturales de ultramar, desempeñaban cargos para el gobierno español y continuaron al servicio de España. Para ellos, la vinculación laboral actuó como un salvoconducto para mantener su nacionalidad. De igual manera, aquellos que residían fuera de su territorio de origen pero estaban inscritos en registros consulares españoles, ocupaban cargos públicos españoles o estaban domiciliados en la España peninsular, podían conservar su nacionalidad a menos que manifestaran lo contrario en el plazo de un año.
Sin embargo, la norma general fue la pérdida, y sus consecuencias fueron profundas. Para los afectados, significó una ruptura del vínculo jurídico y emocional con la metrópoli. Se vieron despojados de derechos inherentes a la ciudadanía española, como la capacidad de participar plenamente en la vida política, acceder a ciertos servicios y, en algunos casos, incluso de mantener lazos familiares y patrimoniales con la península sin las trabas propias de la extranjería.
Las implicaciones se extendieron inevitablemente a las generaciones posteriores. Los descendientes de aquellos que perdieron la nacionalidad en 1898 se encontraron, en muchos casos, sin la posibilidad automática de reclamar la ciudadanía española por la vía del ius sanguinis (derecho de sangre) plena. Esto generó situaciones de incertidumbre jurídica y administrativa para aquellos que sentían una profunda conexión cultural e histórica con España.
El artículo 4 del decreto endureció aún más las condiciones, impidiendo la recuperación u opción a la nacionalidad para aquellos que, tras el canje de ratificaciones, habían desempeñado cargos públicos o ejercido derechos de ciudadanía en los territorios ahora bajo dominio extranjero, a menos que cumplieran con requisitos aún más exigentes del Código Civil.
Un aspecto particularmente delicado fue el de las pensiones y haberes pasivos. Aquellos que perdieron la nacionalidad también perdieron, en principio, el derecho a percibir cualquier prestación económica del estado español, estuviera o no ya concedida. Si bien se contemplaba la posibilidad de recuperarlos tras la readquisición de la nacionalidad, esto estaba sujeto a condiciones como la residencia en territorio español y la revisión del expediente. Aquellos que habían participado en la administración de los territorios cedidos quedaban, incluso tras recuperar la nacionalidad, excluidos de la rehabilitación de sus derechos pasivos.
El artículo 5 del decreto introdujo una limitación adicional, al establecer que la nacionalidad española conservada o recobrada no podía ser alegada ante los gobiernos y autoridades de los territorios de origen o residencia, a menos que estos lo consintieran o estuviera estipulado en un tratado internacional. Esta disposición evidenciaba la complejidad de las nuevas relaciones bilaterales y la intención de evitar fricciones con las administraciones entrantes.
En la actualidad, las consecuencias de aquel decreto siguen resonando. Descendientes de aquellos naturales de ultramar se enfrentan a menudo a laberínticos procesos burocráticos para demostrar su vínculo con España y acceder a la nacionalidad. La falta de una transmisión automática de la ciudadanía ha generado un sentimiento de injusticia y desarraigo en muchos que se consideran cultural e históricamente españoles.
La necesidad de revisitar este legado histórico y sus implicaciones contemporáneas se vuelve cada vez más apremiante. La comprensión de las complejas circunstancias que llevaron a la pérdida de nacionalidad y el reconocimiento de los lazos históricos y culturales existentes son fundamentales para abordar las demandas de justicia y reconocimiento por parte de sus descendientes. El debate sobre la reparación histórica y la facilitación del acceso a la nacionalidad española para estos colectivos sigue abierto, marcado por la necesidad de conciliar la historia con la realidad actual y los sentimientos de pertenencia de quienes se sienten parte de la comunidad española, pese a las decisiones tomadas hace más de un siglo. La sombra del Decreto de 1898 sigue siendo alargada, recordando una pérdida que trasciende lo puramente legal y se adentra en la esfera de la identidad y la memoria colectiva.
