La Comisión Permanente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) celebrada esta semana recibió la propuesta de la consejera de Argentina Susana Carbia sobre las reformas en el acceso a la nacionalidad española que, actualmente y según explica la propuesta, genera agravios comparativos tanto entre los descendientes excluidos como entre las propias familias. Esta propuesta será remitida a la Comisión de Derechos Civiles y Participación Ciudadana para su estudio y remisión, en caso de ser aprobada, al IV Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, correspondiente al año 2020.
En esta propuesta se reitera la petición de algunos sectores de la colectividad en el exterior para que se modifique el Código Civil de manera que se suprima la pérdida de nacionalidad cuando no se declara la voluntad expresa de continuar teniéndola en los tres años siguientes a cumplir la mayoría de edad. En su lugar, desde esta iniciativa llegada desde Argentina se propone que la pérdida de nacionalidad solo se produzca cuando haya una renuncia expresa de la misma.
Otro de los cambios que se quiere introducir es la supresión de la necesidad de residir legalmente en España para poder recuperar la nacionalidad. En el caso de que se mantenga, piden que la excepción que actualmente hay para emigrantes y sus hijos se amplíen a los nietos.
La propuesta llegada desde Argentina también recoge la necesidad de garantizar el acceso a la nacionalidad de los hijos mayores de 18 de quienes obtuvieron la nacionalidad española de origen a través de la disposición adicional de la Ley de Memoria Histórica. De esta manera se evita que en la misma familia algunos de los hijos tengan nacionalidad española y otros no.
Esta propuesta de reforma también pide que se garantice la nacionalidad para los nietos de las mujeres emigrantes que perdieron su nacionalidad al casarse con un no español o al renunciar ellas para poder sustentarse económicamente en el país de acogida. Esta situación es similar a la de los nietos de aquellos varones emigrados que debieron nacionalizarse en el país para poder acceder a un trabajo y sustentarse económicamente.
Esta iniciativa también recoge la propuesta para que los cónyuges extranjeros de aquellos españoles de origen residentes en el exterior puedan, después de tres años de matrimonio, acceder a la nacionalidad. De esta manera, explica la propuesta, se equiparan los derechos de los españoles residentes en el exterior con los de los residentes en España, donde transcurridos dos años desde que el matrimonio es inscripto en el registro civil, el cónyuge puede acceder a la nacionalidad por residencia.
La propuesta también pide una regulación de la Carta de Naturaleza que el Gobierno ha concedido a ciertos nietos de españoles en el exterior ya mayores de edad. Según la propuesta, esto genera un agravio comparativo con quienes, en la misma situación, no pueden acceder a la nacionalidad por falta de una ley que se lo permita o por no tener los medios políticos para acogerse a dicha medida.
