España es y ha sido históricamente un país de migrantes. Se estima que entre los años 1904 a 1915 hubo aproximadamente dos millones de migrantes económicos procedentes en su mayoría de Canarias y del norte de la Península Ibérica.
Resulta un tanto ridículo que el debate actual sobre la migración en España gire entorno a la inmigración, especialmente a la procedente de países no hispanohablantes, y se centre en un relato en el cual España es país de acogida. Al menos, ese parece ser el objetivo de ciertos sectores del espectro político que instrumentalmente han metido un problema artificial en el discurso nacional, pero esta no es la realidad.
Lo que sí es cierto es que España tiene un problema de despoblación fruto de la situación de precariedad de la juventud, que en muchas instancias se ve forzada a abandonar su país, como pasase a principios del pasado siglo, en busca de un futuro mejor.
Para colmo, existe otra gran injusticia poco mencionada en los medios de comunicación, utilizada por todos los partidos políticos para hacer campaña en zonas como Latinoamérica, y que recientemente pareció ser solucionada hasta que el PSOE de Sánchez, el cual hizo bandera de defender la causa, enmendó una Proposición de Reforma del Código Civil tramitada en el 2018 por la senadora de Unidos Podemos Sara Vilá y aprobada por el 100% de la cámara baja, aplazando la posible implantación de la misma y desgarrando las ilusiones de un colectivo que lleva generaciones en lucha: el de los descendientes de españoles a los que se les niega la nacionalidad que les corresponde.
Lea todo el texto de Iván Batista Hernández para Nueva Revolución
