El Parlamento acaba de aprobar la Ley de Casas de Cantabria, impulsada desde el Gobierno autonómico que refuerza los derechos de los emigrantes cántabros y recoge nuevas iniciativas para facilitar su retorno a la Comunidad Autónoma.
El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha intervenido en el pleno de hoy y ha resaltado que las comunidades montañesas asentadas fuera de Cantabria son una de las « prioridades » del Gobierno que preside Miguel Ángel Revilla, de ahí el compromiso de « ampliar la atención y la protección de los cántabros en el exterior ».
Ha resaltado asimismo el consenso de los grupos parlamentarios en una norma que responde a las demandas de los centros regionales y fortalecerá la acción exterior de Cantabria. Las aportaciones de los grupos « han enriquecido el texto normativo y se han aprobado doce enmiendas que contribuyen a mejorar la claridad del texto », ha subrayado.
De la Sierra ha detallado que « antes de seis meses » su departamento procederá al desarrollo reglamentario de la ley, reforma que va a beneficiar a unos 136.000 cántabros que residente fuera de su tierra, 43.000 de ellos en el extranjero. La nueva norma, según ha dicho, combatirá el « desapego » de Cantabria de muchos emigrantes de segunda y tercera generación y facilitará el « relevo generacional » en las Casas de Cantabria para asegurar el futuro de su actividad.
Esta era una de las principales preocupaciones y demandas de los responsables de las Casas de Cantabria, ha recordado De la Sierra, quien, además, ha señalado, recibirán un mayor apoyo económico y podrán ser beneficiarias de las ayudas culturales, lúdicas y deportivas convocadas anualmente por el Ejecutivo, « en igualdad de condiciones » que cualquier entidad domiciliada en la región.
La norma reconocerá por primera vez al emigrante que regresa a vivir a Cantabria, mediante la figura del cántabro retornado y facilitará la percepción de ayudas autonómicas para reforzar su integración social y laboral en nuestra Comunidad Autónoma.
Además de garantizar sus derechos básicos y los de sus descendientes, se regulan medidas de apoyo para aquellos que decidan regresar a Cantabria, al promover las actuaciones necesarias al objeto de facilitar la integración en la sociedad civil de Cantabria a los cántabros retornados.
Protección del patrimonio regional
La ley de Casas protegerá además el patrimonio de los centros cántabros en el exterior a través de varias acciones. El Gobierno realizará una catalogación e inventario del patrimonio de las Comunidades Cántabras. También, las Casas deberán solicitar informe a la Comunidad Autónoma en el caso de que los bienes que integran su patrimonio sean objeto de venta, donación, segregación o cualquier otra operación económica que suponga la pérdida del patrimonio de la asociación.
Incluso, en el caso de disolución de alguno de los centros y de acuerdo a sus estatutos, se recoge que el patrimonio resultante de la liquidación podrá integrarse en el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, atendiendo, eso sí, a la normativa del territorio donde se encuentre domiciliada la Casa.
Por último, se mejora el funcionamiento y estructura del Consejo de Comunidades Cántabras. Este órgano de carácter deliberante y consultivo, ampliará la representación de los órganos del Gobierno y tendrán cabida miembros de distintas consejerías, con lo que se extenderán las relaciones y potenciará la participación efectiva de las Casas en la vida social, económica y cultural de la Comunidad Autónoma.
Con el objetivo de hacer más efectivo los derechos establecidos, la Ley recoge en una de sus disposiciones adicionales que el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), promoverá la elaboración de un censo de cántabros en el exterior de la Comunidad Autónoma, para lo que recabará la colaboración del Instituto Nacional de Estadística.
El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha intervenido en el pleno de hoy y ha resaltado que las comunidades montañesas asentadas fuera de Cantabria son una de las « prioridades » del Gobierno que preside Miguel Ángel Revilla, de ahí el compromiso de « ampliar la atención y la protección de los cántabros en el exterior ».
Ha resaltado asimismo el consenso de los grupos parlamentarios en una norma que responde a las demandas de los centros regionales y fortalecerá la acción exterior de Cantabria. Las aportaciones de los grupos « han enriquecido el texto normativo y se han aprobado doce enmiendas que contribuyen a mejorar la claridad del texto », ha subrayado.
De la Sierra ha detallado que « antes de seis meses » su departamento procederá al desarrollo reglamentario de la ley, reforma que va a beneficiar a unos 136.000 cántabros que residente fuera de su tierra, 43.000 de ellos en el extranjero. La nueva norma, según ha dicho, combatirá el « desapego » de Cantabria de muchos emigrantes de segunda y tercera generación y facilitará el « relevo generacional » en las Casas de Cantabria para asegurar el futuro de su actividad.
Esta era una de las principales preocupaciones y demandas de los responsables de las Casas de Cantabria, ha recordado De la Sierra, quien, además, ha señalado, recibirán un mayor apoyo económico y podrán ser beneficiarias de las ayudas culturales, lúdicas y deportivas convocadas anualmente por el Ejecutivo, « en igualdad de condiciones » que cualquier entidad domiciliada en la región.
La norma reconocerá por primera vez al emigrante que regresa a vivir a Cantabria, mediante la figura del cántabro retornado y facilitará la percepción de ayudas autonómicas para reforzar su integración social y laboral en nuestra Comunidad Autónoma.
Además de garantizar sus derechos básicos y los de sus descendientes, se regulan medidas de apoyo para aquellos que decidan regresar a Cantabria, al promover las actuaciones necesarias al objeto de facilitar la integración en la sociedad civil de Cantabria a los cántabros retornados.
Protección del patrimonio regional
La ley de Casas protegerá además el patrimonio de los centros cántabros en el exterior a través de varias acciones. El Gobierno realizará una catalogación e inventario del patrimonio de las Comunidades Cántabras. También, las Casas deberán solicitar informe a la Comunidad Autónoma en el caso de que los bienes que integran su patrimonio sean objeto de venta, donación, segregación o cualquier otra operación económica que suponga la pérdida del patrimonio de la asociación.
Incluso, en el caso de disolución de alguno de los centros y de acuerdo a sus estatutos, se recoge que el patrimonio resultante de la liquidación podrá integrarse en el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, atendiendo, eso sí, a la normativa del territorio donde se encuentre domiciliada la Casa.
Por último, se mejora el funcionamiento y estructura del Consejo de Comunidades Cántabras. Este órgano de carácter deliberante y consultivo, ampliará la representación de los órganos del Gobierno y tendrán cabida miembros de distintas consejerías, con lo que se extenderán las relaciones y potenciará la participación efectiva de las Casas en la vida social, económica y cultural de la Comunidad Autónoma.
Con el objetivo de hacer más efectivo los derechos establecidos, la Ley recoge en una de sus disposiciones adicionales que el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), promoverá la elaboración de un censo de cántabros en el exterior de la Comunidad Autónoma, para lo que recabará la colaboración del Instituto Nacional de Estadística.
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