El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá, tiene la intención de suprimir algunos de los programas de ayudas a la emigración y reducir a algo residual las ayudas asistenciales y extraordinarias a los españoles necesitados que viven fuera del país.
Según han confirmado a España Exterior fuentes del propio ministerio, estas medidas están dentro del programa de actuación del nuevo equipo que dirige José Luis Escrivá cuya intención es reducir lo que es el apartado de emigración al mínimo.
La eliminación de las ayudas asistenciales y extraordinarias supondría un auténtico golpe a la subsistencia de muchos emigrantes de escasos recursos que viven en países donde la protección social es prácticamente inexistente o que solo está al alcance de quienes gozan de amplios recursos. Se trataría, según ha podido saber este medio, de “optimizar” los programas de ayudas asistenciales y extraordinarias para convertirlos en algo residual.
Dentro de las ayudas asistenciales se encuentran las prestaciones por razón de necesidad dirigidas a aquellos españoles del exterior que no cuentan con una prestación digna cuando dejan de trabajar y que viven en muchos casos en situación de auténtica necesidad, las prestaciones para quienes sufren una incapacidad absoluta para el trabajo y la prestación de asistencia sanitaria. La eliminación de esta prestación dejaría a decenas de miles de compatriotas sin ningún tipo de asistencia socio sanitaria y abandonados en países sin recursos para atenderlos.
Sin embargo, el artículo 19.1 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior (Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior) establece taxativamente que la Administración General del Estado “garantizará el derecho a percibir una prestación a los españoles residentes en el exterior que habiéndose trasladado al exterior por razones laborales, económicas o cualesquiera otras y habiendo cumplido 65 años de edad o estando incapacitados para el trabajo, se encuentren en una situación de necesidad por carecer de rentas o ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, de acuerdo a la realidad socioeconómica del país de residencia”.
Y en el artículo 20.3 se indica que “los poderes públicos, en el marco de la regulación de la atención a la dependencia, desarrollarán medidas específicas, especialmente de carácter asistencial, sanitario y farmacéutico, encaminadas a la consecución del bienestar integral de la ciudadanía española en el exterior en situación de necesidad, en aras de alcanzar la gradual asimilación a las prestaciones vigentes del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, conforme a lo que disponga la legislación vigente”.
Por otra parte, la eliminación de las ayudas a centros y asociaciones, muchas de las cuales realizan una auténtica labor asistencial hacia los emigrantes más desfavorecidos, llevaría a muchas de ellas al cierre obligado. La convocatoria de este programa para este año 2020 ya se publicó el pasado mes de diciembre, pero ahora no se sabe si su tramitación se llevará a término o no. La cuantía destinada a estas entidades ascendía a unos 1,3 millones de euros a repartir entre más de 500 entidades españolas de interés social radicadas en el extranjero.
Cabe recordar que el artículo 20.2 de la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior establece que “los poderes públicos prestarán especial apoyo en particular económico a aquellos centros y asociaciones de españoles en el exterior y retornados en el Estado español que cuenten con infraestructuras adecuadas para la atención de personas mayores o en situación de dependencia. Se incentivarán las redes que generen un mejor aprovechamiento de los recursos públicos”.
Además, la idea del ministro es eliminar toda la política de comunicación de la Administración con la emigración española, lo que supone el cierre de la revista ‘Carta de España’, tanto en su versión impresa como en su versión digital. Esta publicación lleva 34 años informando a los españoles residentes en el extranjero sobre cuestiones que les afectan directamente.
También está prevista la eliminación de otros programas tradicionales que venía ejecutando desde hace más de 30 años el Gobierno central, como el de comunicación, a pesar de que en el artículo 21.1 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior se indica que “la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas promoverán el desarrollo de acciones de información, orientación y asesoramiento en el exterior, a través de la red de consulados, embajadas, centros estatales y autonómicos en el mundo, asociaciones y medios de comunicación encaminadas a facilitar la inserción socio-laboral de los españoles residentes en el exterior, a través de los correspondientes programas de ayudas o de convenios con entidades públicas o privadas”.
En definitiva, las medidas que piensa poner en marcha el ministro José Luis Escrivá chocan directamente contra la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior.
La emigración, una rémora
Pero los primeros síntomas de que la emigración española iba a ser una rémora para el nuevo ministro no deben sorprender ya que desde su toma de posesión el pasado enero no ha dirigido ni una sola palabra a los ciudadanos españoles que viven fuera del país. Y tampoco desde la Secretaría de Estado de Migraciones ha habido movimiento alguno en este sentido.
Prueba de que los cambios en el departamento auguran el ostracismo de las políticas a favor de la ciudadanía española en el exterior ha sido el cese de la subdirectora general de Emigración, Yolanda Gómez Echevarría, una funcionaria ejemplar que ha desarrollado su labor tanto en gobiernos del PSOE como del PP, que gozaba del aprecio de los representantes de la emigración y que se había convertido en una ayuda especial para el colectivo de la emigración y el retorno.
Y además de su cese, todavía no se sabe cuándo se celebrará el III Pleno del VII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE). Debería haberse celebrado en 2019, pero las sucesivas convocatorias electorales de abril y noviembre lo impidieron. Luego se anunció desde la Dirección General de Migraciones que se celebraría en febrero, pero no va a ser así. Y nadie sabe cuándo se reunirá este órgano, lo que supone un flagrante incumplimiento de la ley.
El CGCEE está previsto en el artículo 10 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior y en el artículo 16.1 del Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior se indica que “el Consejo General celebrará, al menos, una sesión ordinaria plenaria cada año”, cosa que no sucedió en 2019 puesto que la última reunión plenaria fue en junio de 2018.
Cabe recordar que a aquella reunión acudió el anterior equipo de la Secretaría de Estado de Migraciones, encabezado por Consuelo Rumí, y que anunció que el Gobierno recuperaría los niveles de atención a los españoles en el exterior anteriores a la crisis, algo que ahora parece desvanecerse por completo.
Programa de mayores y Plan Especial de Apoyo Sanitario a la Ciudadanía Española en Venezuela, en el aire
Además de las ayudas citadas anteriormente, hay otros programas de también están en el aire. Por ejemplo, el Programa de Mayores y Dependientes cuyo objeto es mejorar las condiciones de vida de los españoles mayores y/o dependientes en el exterior mediante el apoyo a centros sociales, centros de día y residencias de mayores, para la realización de actividades de carácter informativo, social o asistencial de las instituciones que tengan como finalidad la atención de dicho colectivo y que en 2019 contó con 2,5 millones de euros.
Por otro lado, también está en el aire la renovación del Plan Especial de Apoyo Socio-Sanitario a la Ciudadanía Española en Venezuela que contaba con casi 3 millones de euros para la atención médico-farmacéutica a mujeres embarazadas (embarazo, obstetricia y parto); a neonatos y lactantes hasta los 12 meses; a niños hasta los 12 años; a pacientes oncológicos el suministro de medicación a enfermos crónicos, asistencia primaria y suministro de medicación, asistencia oncológica y alimentación.
Además, incluía la concesión de ayudas individuales por 50.000 euros a españoles mayores de 65 años, o menores de esa edad en situación de dependencia, con necesidades de atención en instituciones residenciales privadas que no puedan sufragar con sus propios recursos, siempre que no existan otras de carácter público que presten ese servicio o no sea posible su atención en otros centros beneficiarios de subvenciones de la Dirección General de Migraciones previstas a tal fin.
