La abogada Gisela Aurora García Martín denuncia que por parte de la Policía Nacional se ha extinguido el permiso de residencia a decenas de ciudadanos de origen cubano antes de que finalice el proceso judicial en el que están implicados y, evidentemente, sin que estos hayan sido condenados. Supuestamente, dichas personas naturales de la isla caribeña y residentes en Canarias están involucradas en un supuesto fraude del procedimiento de reagrupamiento familiar que en su momento fue descubierto por investigadores de la Guardia Civil.
La letrada señala que, desde su punto de vista, de esa manera se vulnera el principio de presunción de inocencia o el de tutela judicial efectiva. No obstante, manifiesta que « el mayor riesgo de tan determinante decisión administrativa pudiera incurrir en responsabilidad patrimonial si sobre algunos de los citados cubanos recayese sentencia absolutoria.
En noviembre del año pasado se supo que la Unidad Orgánica de la Policía Judicial del Instituto Armado y la Oficina Única de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno desactivaron un método irregular para la obtención de tarjetas de residencia, con unos 52 casos detectados. Entre los imputados figuran tres dueños de locutorios.
El sistema fraudulento consistía en tramitar solicitudes de tarjetas de residencia por reagrupación familiar de personas que acreditaran que en su país de origen (Cuba, mayoritariamente) subsisten gracias a las ayudas económicas enviadas por sus familiares residentes en Tenerife. Pero los guardias civiles comprobaron que los recibos de envío de dinero se habían falsificado con métodos informáticos. Y así fue confirmado por las compañías de envío de dinero con las que trabajaban los referidos locutorios.
Gisela García Martín indica que muchos familiares de cubanos residentes en España, gracias a esos justificantes de envíos, obtuvieron permiso de residencia en la Oficina Única de Extranjeros a partir de diciembre de 2015, cuando entró en vigor el Real Decreto 987/2015, que permitía dicha vía (la justificación del envío de dinero para subsistencia) para el reagrupamiento familiar.
La letrada dice que otras consecuencias de la medida son las órdenes de expulsión impuestas y la eliminación de la vida laboral de inmigrantes que han trabajado y cotizado a la Seguridad Social, sin que esté terminado el procedimiento penal.
La abogada señala que, según el artículo 98.1.d de la Ley Reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas: « Los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán inmediatamente ejecutados, salvo que se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa ».
Fuentes oficiales de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife consultadas en la jornada de ayer confirmaron que las tarjetas de residencia de alrededor de un centenar de ciudadanos cubanos « se extinguieron y no hubo opción a renovarlas, puesto que fueron obtenidas de una manera fraudulenta ».
Además, aclararon que a los afectados se les comunicó con antelación dicha circunstancia desde la Oficina Única de Extranjería para que actuaran en consecuencia.
Dichas fuentes oficiales apuntaron que los perjudicados por dicha situación presentaron los correspondientes recursos.
Sin embargo, estos últimos no serán resueltos hasta que por parte de las autoridades judiciales se dicte sentencia sobre el caso de las irregularidades detectadas para favorecer el reagrupamiento familiar.
