Un editorial para "El País" de Manuel Cuesta Morúa

Después de su hundimiento como utopía de lo social, Cuba emerge como utopía del capital. De Frei Betto a Paris Hilton hay un recambio en los rostros de galería que definen el trending topic en el Caribe. El castrismo ya cotiza en bolsa.
Con el recambio, la izquierda revolucionaria mundial se retira de la isla casi a hurtadillas, sin ruido, y se niega a un combate contra el capitalismo en el único lugar donde podría intentar evitar, si quiere ser tomada en serio, la irrupción de sus marcas. Contempla así, con mutismo, como el ministro de Comercio Exterior cubano pide a la comunidad inversionista global la exagerada cifra de 2.500 millones de dólares anuales para levantar una economía desestructurada por la ausencia, durante décadas, de políticas de Estado. Una cifra que solo arriesga el capital financiero.
Esa izquierda se despide, Cuba quiere abrirse a la inversión y el capital explora. De la mano de sus gobiernos, los CEOs de muchas firmas y compañías extranjeras se acercan a La Habana para ver las condiciones del terreno e iniciar su presumible aventura, en los dos sentidos originarios de riesgo y sorpresa. Bienvenidos.
Cierto. En este segundo llamado al capital casi nadie ha respondido, hasta hoy, para desembarcar en la economía cubana, con excepción del capital manchesteriano y siempre marginal. Es que está faltando, bienvenida sea, la inversión en democracia.
Defino. Al capital no le interesa necesariamente la democracia. La ética, más allá de la empresa, no es una de sus fortalezas. Si solo aquella le puede garantizar vida eterna, sobran las pruebas chinas que demuestran como la ausencia de derechos se convierte en condición básica para que cierto tipo de capitalismo prospere con intensidad y rapidez. Pero al capital, con todo y su ethos pragmático, sí le interesa, o debería interesarle, uno de los pilares de la democracia: el Estado de derecho.
Es verdad. Cuba ha hecho su experiencia con el capital manchesteriano. Muchos inversionistas sufragaron la primera etapa capitalista de la llamada Revolución Cubana, iniciada en 1994, y fundaron junto al gobierno el modelo de apartheid económico de ese primer capitalismo de consumo. Fue la etapa en la que los cubanos no podían entrar a ningún hotel.
La tentación para que la lógica manchesteriana siga su curso a través de una nueva etapa capitalista, esta vez abierta a la productividad y al mundo financiero, adquiere fuerza repentina en la dirección de sostener ese modelo de apartheid económico que ahora se desplaza del consumo al mundo productivo. Ya no se nos prohíbe consumir, ahora no podemos invertir.
Pero sin garantías, seguridad jurídica, derechos de propiedad e imperio de la ley, nacional e internacional, la inversión probable de 2.500 millones de dólares anuales resultaría en una expedición de altísimo riesgo económico y político.
No querría dar la impresión ridícula de que defiendo a los inversionistas de sí mismos. No es el caso. El wishful losing por el que han atravesado muchas abultadas billeteras extranjeras en Cuba puede ser considerado también dentro de las libertades fundamentales. Mi análisis se basa, sin embargo, en el argumento, siguiendo a Bernard Mandeville, el de la Fábula de las abejas, de que un mejor ejercicio de los vicios privados traería inmensos beneficios públicos para los cubanos.
Nuestro riesgo no es económico. Es político. No tiene que ver con Wall Street. Sí con el futuro y se llama proyecto país. Ese riesgo es el de la reproducción extemporánea de la economía colonial, meramente mercantil, en los márgenes del capitalismo global que ya experimentamos en el siglo XIX. Tal modelo de economía, que conocimos como esclavitud de plantación, genera beneficios a corto plazo, tiene sentido para inversiones parroquiales como las que hemos tenido, pero no es seguro para grandes capitales de lenta amortización que se benefician solo dentro de una economía sofisticada, asociada a los mercados internos, a la liberalización del trabajo, al conocimiento, a la conectividad y a la destrucción creativa.
Se nos presenta de tal modo una situación de doble riesgo ─para los inversionistas y para nuestro proyecto país─ si no se produce una doble inversión paralela en la economía y en la democracia, planteada sobre ese pilar básico que es el Estado de Derecho.
Los cubanos estamos listos para recibir esta inversión en la democracia que no necesita la mediación del Estado. Y venimos preparándonos para ella. Lo que supone una ventaja: estamos mentalmente conectados con el futuro, de manera que toda inversión en este campo tiene garantizado el éxito en base a nuestra disposición psicológica y cultural para rentabilizarla. A diferencia del gobierno que solo lidia, de espaldas y en una tensión permanente, con el futuro.
Los beneficios económicos perdurables son únicamente posibles en modelos políticos inclusivos. Y tienen un nombre: Estado democrático de derecho.
Manuel Cuesta Morúa es Portavoz del partido Arco Progresista y Gestor del proyecto Consenso Constitucional. Twitter @cubaprogresista