EEUU-Cuba: lecciones de historia

Tras el anuncio del presidente Obama de una reconciliación con el régimen cubano, funcionarios del gobierno de EEUU destacan que promover la pequeña empresa en Cuba es una pieza clave de la nueva política.
Los arquitectos de la nueva política EEUU-Cuba opinan que finalizar incondicionalmente las sanciones económicas fortalecerá al sector de trabajadores por cuenta propia en Cuba y así se fomentará una sociedad civil más independiente del gobierno. Con el tiempo, explican, esa sociedad civil más autónoma funcionará como agentes de cambio presionando al régimen por un gobierno democrático.
Esa es una proposición etnocéntrica atada a un determinismo económico que sobrevalora las variables económicas y no logra entender al régimen cubano. Por ejemplo, quienes trabajan por cuenta propia en un sistema totalitario se mantienen atados al gobierno por la propia existencia de sus negocios. En un escenario totalitario el cuentapropismo no confiere independencia del gobierno. Al contrario, los nuevos emprendedores se comprometen con el gobierno por innumerables lazos burocráticos, y pocos arriesgarían su sustento provocando a sus poderosos patrones.
La historia nos enseña lo que podemos esperar. Durante las protestas estudiantiles en la Plaza Tiananmen en China, la comunidad de negocios no salió en apoyo de los estudiantes. Más recientemente comprobamos una situación similar en Hong Kong. Lamentablemente, esas comunidades de comerciantes no deseaban arriesgar sus negocios y apoyar a los estudiantes que promovían cambios democráticos. ¿Qué hace a los funcionarios de la administración creer que una comunidad cubana de cuentapropistas atada a un todopoderoso Estado actuaría diferente?
Quienes apoyan la nueva política creen que una masa crítica de comerciantes hará muy difícil para el régimen, si no imposible, resistir la presión social para el cambio. Es decir, miles de microempresas operando en Cuba serían una fuerza invencible para el cambio. Desde esta perspectiva de determinismo económico, los gobiernos bajo tales presiones cambian o colapsan. De nuevo, no consiguen entender la naturaleza del régimen cubano. Podemos instruirnos con la historia cubana.
Comenzando en los primeros días de la revolución y alcanzando el clímax con la “Ofensiva Revolucionaria” de Fidel Castro en 1968, el gobierno cubano se lanzó a un esfuerzo por eliminar toda la propiedad privada. Primero fueron las expropiaciones de las empresas extranjeras, seguidas por las de grandes negocios propiedad de cubanos, y finalmente toda la actividad económica en 1968.
De acuerdo a estadísticas del gobierno cubano, 55,636 microempresas, la mayoría de una o dos personas, fueron confiscadas. Entre ellas, 11,878 tiendas de víveres, 3,130 carnicerías, 3,198 bares, 8,001 establecimientos de comidas, 6,653 lavanderías, 3,345 talleres de carpintería, 4,544 talleres de mecánica automotriz, 1,598 comercios de artesanos y 1,188 sillones de limpiabotas.
Aun con este considerable sector privado en operación el régimen fue capaz de ejercer control total. Incluso cuando ese sector privado tenía recuerdos frescos de una imperfecta, pero significativamente libre, Cuba anterior a Castro. Era una sociedad civil imbuida de los principios políticos de la Constitución cubana de 1940 consagrando la libertad. Pero esa sociedad civil fue incapaz de prevenir la comunización del país o lograr cambios en el régimen.
No casualmente, y quizás correlacionado, este período fue el más brutalmente represivo de la era de Castro, con miles de ejecuciones y decenas de miles de prisioneros políticos con largas condenas. Podría argumentarse que el cuentapropismo sin libertad política requiere una represión intensificada para mantener el control. Por consiguiente, una de las consecuencias de la nueva política podría ser el incremento de la represión en Cuba.
El cuentapropismo que Cuba permite consiste en permisos para proveer servicios en 201 actividades de subsistencia tales como reparar sombrillas o pelar frutas. La mayoría de sus participantes son individuos nacidos después de 1959 sin recuerdos vividos de libertades políticas. Entonces, ¿sobre qué bases se plantea un cambio impulsado por los nuevos cuentapropistas?
La experimentación controlada de laboratorio no está disponible para cientistas sociales. Por tanto, nuestro análisis se basa necesariamente en el uso de analogías, a veces tomadas de la experiencia histórica, como hice más arriba. La nueva política EEUU-Cuba da margen al régimen cubano para continuar negando libertades políticas. Es una formulación complaciente que echa al lado expectativas de libertad sin ofrecer siquiera una defensa basada en analogía para la tesis de que la libertad podría llegar algún día como subproducto del cuentapropismo.
En los Estados Unidos, creemos en la presunción de la libertad. Sin embargo, la nueva política abandona la exigencia histórica de los EEUU sobre libertades políticas. Y así – como la obligación de probar que la falta está en el acusador y no en el acusado– en el debate sobre esta política, los que tienen la obligación de demostrar su eficacia son quienes esquivan el principio fundamental de libertad. La defensa de la libertad no necesita confirmación.