De momento, no se ha llegado a autorizar las denuncias contra compañías extranjeras. Por lo que se ha determinado que solo podrán interponerse denuncias contra la parte cubana de la propiedad.
El Gobierno de EEUU ha anunciado este lunes que los ciudadanos cubanos con nacionalidad estadounidense podrán demandar a más de 200 entidades de Cuba por supuestamente beneficiarse de propiedades que fueron expropiadas tras la Revolución cubana. Pero de momento, no se ha llegado a autorizar las denuncias contra compañías extranjeras.
La acción de Washington tiene un gran contenido simbólico y podría elevar lahostilidad bilateral, pero no supone un revés tan fuerte como temían algunos sectores de la isla y de EEUU. En un comunicado, el
secretario estadounidense de Estado,Mike Pompeo, ha explicado que mantendrá suspendido durante un mes más el título III de la ley Helms-Burton, lo que en la práctica impide reclamar ante cortes estadounidenses propiedades que fueron confiscadas tras la Revolución de Fidel Castro
Por primera vez en décadas, EEUU ha reducido la suspensión del Título III de la Ley Helms-Burton de seis meses a 45 días. De activarse, la ley abre la puerta a una oleada de reclamaciones. Sin embargo, Pompeo ha incluido una excepción: a partir del 19 de marzo, los cubano-estadounidenses podrán denunciar a compañías incluidas en la conocida como «lista de restricciones a Cuba». Esa «lista negra» incluye entidades que están»bajo el control o actúan en nombre» de la inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad, según el Departamento de Estado.
En el listado, actualizado por última vez en noviembre de 2018, aparecen 205 entidades que van desde instituciones como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias hasta la cadena cubana de
establecimientos turísticos Gaviota y establecimientos de ese grupo, como el Meliá Marina Varadero. En Cuba muchos de los hoteles son propiedad de empresas controladas por las Fuerzas Armadas y gestionados
en régimen de empresa mixta por corporaciones extranjeras, como el grupo Meliá, con sede en España.
Ante esta situación, EEUU ha determinado que solo podrán interponerse denuncias contra la parte cubana que es propietaria de la entidad y que está incluida en esa «lista negra», pero no contra las compañías
europeas que participan en esa sociedad, ha detallado a la prensa una alta funcionaria del Departamento de Estado.