Pronto vivirán en Cuba 300 mil españoles que, si no logran organizarse por sí mismos, serán ignorados tanto por el régimen cubano como por el gobierno español
PARÍS, Francia.- Pocos españoles residentes en extranjero saben que existe desde 1987 una instancia gubernamental encargada de defender sus intereses en prácticamente cualquier país donde vivan: El Consejo de Residentes Españoles.
Dicha estructura, desarrolla sus actividades en materia de derechos civiles y laborales, acción educativa, social y cultural a favor de los españoles que integran dicha comunidad y de paso, asegura su participación política en España facilitando el voto en las citas electorales.
En la actualidad hay constituidos un total de treinta y seis CRE en el mundo entero. El de Cuba fue fundado en 1992 y depende del Jefe de la oficina consular de La Habana. Entre sus funciones se encuentra como lo indica el Boletín oficial del Estado, la de “asesorar a la Oficina Consular, encauzando hacia ésta el sentir y preocupación de la comunidad española, proponiendo medidas que puedan contribuir a mejorar la atención a ella y constituye un cauce abierto para que los españoles en el exterior puedan conocer las medidas de las administraciones públicas españolas que les afecten o exponer sus problemas.”
Son elegibles los españoles que figuren inscritos en el CERA, es decir el censo electoral de los residentes ausentes. El mandato tiene una duración de cuatro años, a contar desde la fecha de la constitución del CRE. Sus miembros pueden ser reelegidos. Actualmente su sede social se encuentra en los locales de la Federación de Sociedades Asturianas, situada en la Avenida de Prado nº 309 esquina Virtudes y su presidente es Manuel José Vallejo Filpo.
Según la reglamentación vigente, los miembros del CRE no perciben remuneración alguna. Sin embargo, cuando son convocados por el cónsul, como todo órgano colegiado que se respete, reciben un salario como cualquier funcionario español, el tiempo que duren las reuniones previstas. En el caso de Cuba, estas pueden llegar hasta los 104,58 euros.
No sabemos las veces que son convocados los 11 miembros del CRE de Cuba fuera del periodo electoral, pero sí nos consta que algunos de sus miembros pasan sus vacaciones en Europa. Eso sin contar con las subvenciones, frecuentes, que hacen llegar las Comunidades autónomas españolas a las ¡102! asociaciones amparadas por el CRE cubano.
Todo esto sobre el papel parece bien organizado y completamente legal. Nada tiene de extraordinario que España se ocupe de defender los intereses de sus hijos expatriados donde quiera que estos se encuentren. Sin embargo, la situación anómala del CRE de Cuba llama a reflexión.
En primer lugar porque las asociaciones españolas de la isla fueron pulverizadas por el castrismo y sus sedes embargadas en la década de los sesenta del siglo pasado. Esto puede comprobarlo cualquiera que haga una búsqueda en los archivos del Diario de la Marina o en la Web. Las que existen actualmente han sido creadas ex nihilo con el claro fin de drenar las subvenciones que llueven desde España. En segundo lugar, porque la sociedad civil cubana no dispone de una ley orgánica que permita la creación de asociaciones independientes del Estado. Es decir, las que existen son paraestatales o están dirigidas por funcionarios. No es un secreto para nadie que el castrismo, infiltra los movimientos opositores en sus más altos estamentos. Estas nuevas ‘asociaciones’ no son una excepción.
Si estas evidencias no bastaran, reproduzcamos la opinión del escritor de origen canario residente en Camagüey, Ramiro Manuel García Medina, quien escribiera recientemente en su blog: “desde que se creó (el CRE) en 1992, sus actividades se han circunscrito a la capital o sea a la ciudad de La Habana, ahora que el 70% de los españoles vive en capitales provinciales o en el campo.”
Una actividad asociativa casi anecdótica
La mayor parte de estas asociaciones están compuestas por un solo miembro y sus actividades públicas son anecdóticas (concursos de dominó, de repostería). Recordemos que el Diario de la Marina, dedicaba a estas actividades una página entera cada día de este mundo. Es cierto que la colonia española de Cuba era próspera; sin ir más lejos, entre los más ricos de la isla, un año antes de la revolución, había 67 españoles y 28 estadounidenses, lo que significa que administraban escuelas, hospitales, fundaciones caritativas, sin olvidar un sinnúmero de empresas de toda envergadura, todo lo cual, por su importancia social era reflejado en el Diario.
Las inofensivas ‘actividades’ de las actuales, las recoge con maniaca puntualidad el delegado informativo de España Exterior, Manuel Barros y son publicadas con frecuencia por esa página digital. Seguimos sus artículos asiduamente y nunca, el señor Barros ha dedicado un espacio a informar a la opinión sobre el destino de las cuantiosas sumas que administra el CRE cubano y la Federación de Sociedades Españolas de Cuba (FSEC), tampoco he conseguido encontrar una página oficial del Ministerio de Empleo, Seguridad Social y de Cooperaciónque lo indique.
Ninguna acción en materia de derechos civiles, laborales, acción educativa o social
Para nadie es un secreto que casi 130 mil cubano-españoles están inscritos en el CERA, y que otros 100 mil esperan desde hace años para que se solucionen sus demandas –ya aprobadas- de nacionalidad española. ¿Cuántas veces hemos escuchado al actual Presidente del Consejo Manuel José Vallejo Filpo, exigir una solución al atasco consular habanero? Ninguna.
Como se ha dicho y repetido, si se mantiene el actual ritmo de unas 1000 resoluciones mensuales, los últimos expedientes encontrarán solución en el año… ¡2023! Recientemente leímos el correo de un afectado que nos remitía una carta del consulado en los siguientes términos: “Le comunico adicionalmente que, debido al gran volumen de expedientes en trámite, el tiempo medio para la revisión de aportes es de 34 meses desde la presentación del último documento”.
Pero esto no es todo, la actitud de algunos funcionarios consulares dista de ser irreprochable. Continuamente llegan quejas a esta redacción sobre la actitud del vicecónsul de Villa Clara, Augusto de Jesús Blanco Ugarte, quien pretextando adelantar el trámite, cobra según el cliente, entre 300 y 500 dólares. Eso sin olvidar, que los impedimentos absurdos para acordar la nacionalidad española se suceden y multiplican contra toda legalidad o lógica humana. Por ejemplo, ha habido casos dentro de una misma familia en que se acepte la nacionalidad para un hermano y… ¡se le niegue a otro!
Pero hay muchas otras quejas, que tienen que ver con disfuncionamientos gravísimos en el edificio de la Lonja del comercio, que alberga las oficinas del Consulado General de España, donde son notorios el maltrato a los usuarios y el tráfico de documentos consulares en la cola y edificios aledaños, sin que el Consejo de Residentes españoles o el enviado de España exterior se manifiesten… Recientemente el tema fue tratado en el Congreso de los Diputados (pp.259 del documento) pero los problemas aún no se han resuelto, al contrario.
¿Acaso no hay entre los afiliados al CRE, juristas que puedan ayudar a agilizar los trámites consulares? ¿No puede la Embajada de España hacer una encuesta entre los 130 mil españoles para detectar y corregir irregularidades y fraudes? ¿Acaso no tiene el CRE entre sus funciones, la de asesorar al jefe de la Oficina Consular, encauzando hacia ésta el sentir y preocupación de la comunidad española? Contrasta esta pasividad de los consejeros cubanos con la actuación digna de la representante del CRE de Argentina o la del presidente del CRE de República Dominicana que se hacen patentes en los plenos o en sus presentaciones públicas y denuncian abiertamente los problemas existentes en su ámbito de competencia.
Pero la explicación a esta situación salta a la vista. Esos funcionarios no protegen los intereses de los españoles de Cuba porque como se infiere, responden a los intereses de la dictadura de Castro, amparada como sabemos por la desidia de los sucesivos gobiernos españoles desde Franco hasta Rajoy.
Nido de agentes de la Seguridad del Estado cubana
La gran mayoría de los miembros electos están en sus puestos por su probada lealtad al régimen de La Habana. Basta escribirles para darse cuenta. En el marco de esta investigación, solicitamos a algunos de ellos y nos negaron toda colaboración por motivos puramente políticos. Fue el caso de la señora María Antonia Rabanillo de la Ascyl, quien en una airada carta manifestó “No interferimos en problemas políticos ni de ninguna otra índole, (…) le solicitamos que no se dirija más a nuestra organización”. El mismo tono agresivo lo manifestó el representante de la Asociación Castellana de Santiago de Cuba y de la Asociación Zamorana.
La situación es tan escandalosa que durante un viaje a La Habana el Director general de migraciones, Miras Portugal reclamó una renovación del CRE de Cuba. Veremos si para las próximas elecciones que probablemente tengan lugar en el mes de abril de 2016 sus deseos se realizan.
Pero si los argumentos anteriores no alcanzaran como demostración suficiente sobre la extraña inacción del CRE, baste señalar la indolencia que muestra en lo que concierne al tema –cardinal- de la participación del electorado cubano-español en las próximas elecciones del 20D. En efecto, resulta inadmisible e intolerable que de un censo electoral que cuenta en la isla con más de 116 mil inscritos, sólo hayan conseguido “rogar” el voto 732.
La primera tarea del CRE debería ser la de formar ciudadanos españoles
Muchos son los impedimentos que deben enfrentar actualmente los españoles residentes en Cuba. El primero de ellos es la desinformación y el segundo, la falta de medios materiales para poder ejercer sus derechos ciudadanos. Sin embargo, en los próximos años, tendrían una oportunidad única si saben aprovecharla. El derecho al voto que ampara la Constitución española de 1978, podría hacer la diferencia en una contienda electoral peninsular mayor por la fuerza mecánica del número de votantes. Pero para conseguirlo han de pasar por encima de esas organizaciones que, no sólo no los representan, sino que también los dividen; sin olvidar que el voto rogado, sumado a las infraestructuras inadaptadas de telecomunicaciones y viales de la isla, vuelve imposible el ejercicio de sus derechos civiles. Pronto vivirán en Cuba 300 mil españoles que si no logran organizarse por sí mismos, serán ignorados tanto por el régimen cubano como por el gobierno español.
Resulta conveniente que se intente restablecer esta red de asociaciones que constituían la base del vigoroso tejido empresarial, que hizo de Cuba una tierra prometida para todos los inmigrantes europeos hasta el año 1959. Lo que no parece correcto es que se malgaste el dinero de todos los españoles en una loca empresa que, en su forma actual, lejos de mejorar la vida de nuestros compatriotas, sólo beneficia a los testaferros del castrismo.