Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte dio a conocer que dos de los contratos que la prensa oficial anunció hace dos años a bombo y platillo se cancelaron sin que nadie lo hubiera desvelado antes.

Rodríguez leyó en voz alta un extracto de la carta que el presidente de una compañía internacional, con la que el Gobierno cubano había firmado un contrato para la administración de los aeropuertos, le hizo llegar para explicar la rescisión del contrato por posibles problemas con la Ley Helms-Burton. Aunque no dijo su nombre, todo indica que se trata de Bouygues Batiment International, una empresa francesa que en 2018 obtuvo la concesión del Gobierno para ampliar y gestionar el aeropuerto internacional de La Habana, y el aeródromo de San Antonio de los Baños.

El ministro también develó que otra compañía internacional había anulado un contrato para la modernización de talleres ferroviarios después de casi dos años de trabajo.

El acuerdo preveía «la financiación y ejecución de acciones inmediatas que mejoren la calidad de los servicios, así como las inversiones en el mediano y largo plazos en correspondencia con los crecimientos estimados de pasajeros».

El ministro añadió que otra compañía internacional había anulado un contrato para la modernización de talleres ferroviarios después de casi dos años de trabajo ya que, pese a los cambios introducidos por Cuba para garantizar la seguridad, mantienen dudas de que la aplicación de la Ley Helms-Burton no les afecte. En este caso se trata, aparentemente, de SNCF, la estatal ferroviaria de Francia, que también en 2018 acordó destinar unos 40 millones de euros a actualizar la deteriorada red de ferrocarriles de la Isla.

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