La cercana desaparición biológica de los Castro, unida a una sociedad cubana cínica y descreída por un lado y, por otro, los profundos cambios económicos y tecnológicos a nivel global sumados a las tímidas reformas económicas en curso, sitúan a Cuba a las puertas de un posible cambio de régimen. No sabemos si el que emerja será democrático pero parece claro que la dictadura actual cambiará,-ya vemos los atisbos- de carácter.
Lo que menos le interesa a EEUU en ese escenario es una atmósfera de inestabilidad; ya sea bajo la forma de un vacío de poder propiciador de un puente para el narcotráfico o de una guerra civil con su correspondiente oleada de refugiados a las costas del Sur de la Florida o la necesidad de una intervención armada si ocurriese un levantamiento popular y su previsible genocidio. Norteamérica se protege de Cuba al precio de ponerle al castrismo agonizante un suero de morfina económica. Eso explica restablecimiento de las relaciones diplomáticas desde el punto de vista de los intereses norteamericanos. No tiene, en absoluto, nada que ver con el establecimiento de una democracia en Cuba aunque eso sea, a largo plazo, deseable.
Desde la perspectiva de los creadores del régimen castrista, se trata de elemental sobrevivencia. Quieren morir en Cuba, donde nadie les pida cuenta de sus demasiados crímenes y la destrucción de un país que recibieron en mejores condiciones que el desastre actual. De donde único puede Cuba sobrevivir económicamente es a partir de restablecer su relación económica con su mercado natural, los EEUU. Ideológicamente el castrismo claudica.
Sin embargo, el argumento con el que el gobierno del Presidente Obama y ciertos grupos de intereses pretenden vender la racionalidad de esa política no parece convincente. Tratan de hacernos creer que el giro se debe a la búsqueda de un mejor futuro para el pueblo cubano, propiciando el cambio democrático en la isla de otra manera. El argumento es pedestre: la primera potencia mundial dice dar un giro de ciento ochenta grados en su política exterior no por su legítimo interés nacional, sino para beneficiar al pueblo – ya casi en harapos- de una isla cuya economía se desintegra y cuyos ciudadanos huyen a donde puedan, fuera de sus fronteras, o sueñan con huir. La política anterior decía querer salvar a los cubanos del castrismo por asfixia, ahora por oxígeno.
Aunados al interés nacional norteamericano aparecen una serie de intereses proactivos y reactivos. Entre los primeros, están los empresariales norteamericanos que buscan un legítimas ganancias con la posibilidad de la apertura de nuevos mercados; el beneficio que pueda tener el pueblo cubano – y lo tendrá en alguna medida- sería colateral dependiendo de muchos factores, pero el interés de inversores y mercaderes radica en su ganancia. Hay grupos de intereses- también económicos- cubanoamericanos que desean aterrizar aliados a sus primos neo-castristas a los que ven, por edad y posicionamientos, llegados al poder. Ese interés se disfraza con versitos patrióticos (eso es lo criticable) sobre el bien de la patria. El argumento, mecanicista, aduce que el desarrollo del mercado generaría democracia ¿Cómo en Viet Nam o China?
Entre los reactivos aparecen los que, en nombre de la democracia, acusan a Estados Unidos de “traición”, provocando la risa. Los EEUU no van a traicionarse. Se equivocaron aquellos que le dejaron a Norteamérica la tarea de resolverles el problema que, como cubanos, tenían y tienen en Cuba. Un grupo minoritario, influyente pero local, no tiene el poder (no somos judíos) para hacer que la primera potencia mundial actúe en contra de sus intereses nacionales. Sin embargo, aún se está en capacidad de lograr parte de sus objetivos si actuaran a favor de la tendencia.
En el nuevo escenario enfrentar al castrismo precisa cierto enfoque sistémico y, en esa dirección, valoro la propuesta del Representante Mario Díaz Balart de legislar que se impida el comercio con entidades económicas cubanas asociadas a los militares. Si el régimen castrista desea avanzar en la relación económica con EEUU, puede cambiar el carácter de esas empresas vendiéndolas, o convirtiéndolas en empresas públicas. Está bien que se comercie con el país, no con su ejército.
En idéntico enfoque, asumiendo que el interés por el pueblo cubano fuera cierto aunque subsidiario, sería útil una legislación que impida a las empresas norteamericanas contratar a sus empleados a través del estado cubano, convertido – en este caso- en agencia de trabajo. Esa función del estado es una forma de control ciudadano que combinaría el control totalitario de la ciudadanía con la explotación más despiadada del trabajador. Se regresaría al sistema del esclavo alquilado del siglo XIX. Norteamérica trata de acabar con las secuelas de la esclavitud en su territorio, no debería propiciar su re-edición en la Cuba del siglo XXI.
Oponerse a las relaciones, o impedir el financiamiento de la embajada no tiene sentido político, pero legislar desde esas relaciones para impedir que el castrismo se perpetúe sí. El resto, la democracia en Cuba, es tarea exclusiva de los cubanos. Si creen que la merecen.
Lo que menos le interesa a EEUU en ese escenario es una atmósfera de inestabilidad; ya sea bajo la forma de un vacío de poder propiciador de un puente para el narcotráfico o de una guerra civil con su correspondiente oleada de refugiados a las costas del Sur de la Florida o la necesidad de una intervención armada si ocurriese un levantamiento popular y su previsible genocidio. Norteamérica se protege de Cuba al precio de ponerle al castrismo agonizante un suero de morfina económica. Eso explica restablecimiento de las relaciones diplomáticas desde el punto de vista de los intereses norteamericanos. No tiene, en absoluto, nada que ver con el establecimiento de una democracia en Cuba aunque eso sea, a largo plazo, deseable.
Desde la perspectiva de los creadores del régimen castrista, se trata de elemental sobrevivencia. Quieren morir en Cuba, donde nadie les pida cuenta de sus demasiados crímenes y la destrucción de un país que recibieron en mejores condiciones que el desastre actual. De donde único puede Cuba sobrevivir económicamente es a partir de restablecer su relación económica con su mercado natural, los EEUU. Ideológicamente el castrismo claudica.
Sin embargo, el argumento con el que el gobierno del Presidente Obama y ciertos grupos de intereses pretenden vender la racionalidad de esa política no parece convincente. Tratan de hacernos creer que el giro se debe a la búsqueda de un mejor futuro para el pueblo cubano, propiciando el cambio democrático en la isla de otra manera. El argumento es pedestre: la primera potencia mundial dice dar un giro de ciento ochenta grados en su política exterior no por su legítimo interés nacional, sino para beneficiar al pueblo – ya casi en harapos- de una isla cuya economía se desintegra y cuyos ciudadanos huyen a donde puedan, fuera de sus fronteras, o sueñan con huir. La política anterior decía querer salvar a los cubanos del castrismo por asfixia, ahora por oxígeno.
Aunados al interés nacional norteamericano aparecen una serie de intereses proactivos y reactivos. Entre los primeros, están los empresariales norteamericanos que buscan un legítimas ganancias con la posibilidad de la apertura de nuevos mercados; el beneficio que pueda tener el pueblo cubano – y lo tendrá en alguna medida- sería colateral dependiendo de muchos factores, pero el interés de inversores y mercaderes radica en su ganancia. Hay grupos de intereses- también económicos- cubanoamericanos que desean aterrizar aliados a sus primos neo-castristas a los que ven, por edad y posicionamientos, llegados al poder. Ese interés se disfraza con versitos patrióticos (eso es lo criticable) sobre el bien de la patria. El argumento, mecanicista, aduce que el desarrollo del mercado generaría democracia ¿Cómo en Viet Nam o China?
Entre los reactivos aparecen los que, en nombre de la democracia, acusan a Estados Unidos de “traición”, provocando la risa. Los EEUU no van a traicionarse. Se equivocaron aquellos que le dejaron a Norteamérica la tarea de resolverles el problema que, como cubanos, tenían y tienen en Cuba. Un grupo minoritario, influyente pero local, no tiene el poder (no somos judíos) para hacer que la primera potencia mundial actúe en contra de sus intereses nacionales. Sin embargo, aún se está en capacidad de lograr parte de sus objetivos si actuaran a favor de la tendencia.
En el nuevo escenario enfrentar al castrismo precisa cierto enfoque sistémico y, en esa dirección, valoro la propuesta del Representante Mario Díaz Balart de legislar que se impida el comercio con entidades económicas cubanas asociadas a los militares. Si el régimen castrista desea avanzar en la relación económica con EEUU, puede cambiar el carácter de esas empresas vendiéndolas, o convirtiéndolas en empresas públicas. Está bien que se comercie con el país, no con su ejército.
En idéntico enfoque, asumiendo que el interés por el pueblo cubano fuera cierto aunque subsidiario, sería útil una legislación que impida a las empresas norteamericanas contratar a sus empleados a través del estado cubano, convertido – en este caso- en agencia de trabajo. Esa función del estado es una forma de control ciudadano que combinaría el control totalitario de la ciudadanía con la explotación más despiadada del trabajador. Se regresaría al sistema del esclavo alquilado del siglo XIX. Norteamérica trata de acabar con las secuelas de la esclavitud en su territorio, no debería propiciar su re-edición en la Cuba del siglo XXI.
Oponerse a las relaciones, o impedir el financiamiento de la embajada no tiene sentido político, pero legislar desde esas relaciones para impedir que el castrismo se perpetúe sí. El resto, la democracia en Cuba, es tarea exclusiva de los cubanos. Si creen que la merecen.
