- El diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro asegura que el sufragio CERA “puede ser determinante”
- “No nos queda más remedio que escucharos, nosotros vamos a salir a buscar votos”, señaló el diputado del PSOE Julio Navalpotro
El diputado del Partido Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, que además fue el ponente del PP en la reforma del procedimiento del voto de los españoles en el exterior, afirmó ante el pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior que “hasta ahora el voto de los españoles en el exterior podía cambiar algún escaño, pero ahora puede cambiar gobiernos”.
La nueva regulación del voto de quienes viven fuera de España que previsiblemente provocará un incremento sustancial de la participación, hará, según Bermúdez de Castro que “a partir de ahora la voz de los españoles en el exterior va a tener mucha más fuerza en los procesos electorales”.
Explicó que “los restos electorales en un sistema pluripartidista son más estrechos” y por este motivo consideró que “el voto exterior puede ser determinante”.
El diputado ‘popular’ señaló que “los partidos, sin duda, van a mostrar mucha más atención de ahora adelante” a los ciudadanos en el extranjero, “cosa que de la que me alegro”, añadió.
En el mismo sentido, aunque de manera más rotunda, se expresó el diputado del PSOE Julio Navalpotro Gómez. “Sois casi tres millones, representáis a casi tres millones. Es que no nos queda más remedio que escucharos ahora. Nosotros vamos a salir a buscar votos. Esto es políticamente incorrecto, pero es verdad. Os vamos a tener que escuchar”, afirmó el representante socialista.
En su intervención ante el pleno del CGCEE, el diputado del PP Bermúdez de Castro explicó los rasgos fundamentales de la nueva regulación del voto exterior. Señaló que para revertir los nocivos efectos que tuvo sobre la participación electoral la reforma de 2011, los partidos se han basado en tres principios para la elaboración de la normativa que se aprobará definitivamente a la vuelta del verano y que estará en vigor en los comicios del año 2023.
En primer lugar, se ha querido facilitar la participación electoral, mediante la ampliación de plazos, la descarga telemática de la documentación para votar, manteniendo su envío postal, y aumentando el número de lugares de votación y el periodo de tiempo para hacerlo, de tres a seis días.
En segundo principio básico ha sido garantizar la cadena de custodia de los votos y la personalidad del sufragio. Para ello se utilizarán sobres con cierre de seguridad, se implantará un protocolo de custodia de los sufragios en los lugares de votación y se añadirá una fórmula de confianza para acreditar la identidad del elector cuando vote por correo que consistirá en que firme el reverso del certificado de inscripción censal que introduce en el sobre de votación y tendrá que ser el votante quien deposite personalmente ese sobre en la oficina de correos.
El tercer principio es asegurar la efectividad del voto y por ello se ampliará en dos días más el escrutinio del voto exterior, que se realizará entre el quinto y el octavo día posterior a la jornada electoral. Además, se establece que los sufragios se envíen por valija diplomática.
Bermúdez de Castro recalcó que el nuevo procedimiento “va a marcar un antes y un después porque la voz de los españoles en el exterior va a tener mucha más fuerza en elecciones y ello va a reforzar su vínculo y su identidad con España”.
El socialista Julio Navalpotro indicó que, aunque en su momento, al igual que casi todos los partidos en el Congreso, el PSOE apoyó la reforma electoral de 2011, “nos dimos cuenta en seguida que lo que en principio quería ser una salvaguarda de las garantías de voto se convirtió en una carrear de obstáculos burocráticos, en muchos casos insalvables, y desde hace ya varios años intentamos resolverlo”. Reconoció que “no es lógico que hayamos tardado once años”.
Ante el pleno del CGCEE también intervino la diputada de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) María Carvalho Dantas quien también se refirió al acceso a la nacionalidad y señaló que debería existir una ley de nacionalidad específica para terminar con los agravios comparativos surgidos con la aplicación de la Ley de memoria histórica.
También compartió la preocupación de los consejeros con muchas de las demandas que le plantearon como las homologaciones de títulos, la red consular y la situación del personal laboral, los problemas de los viajes del Imserso, las dificultades que tienen quienes adquirieron la nacionalidad española durante su estancia en el país en los últimos años y ahora regresan a su lugar de origen, etc.
Los tres diputados ofrecieron su colaboración al CGCEE para escuchar las demandas de la ciudadanía en el exterior y trasladarlas al Congreso y al Gobierno.
Aunque el CGCEE había cursado invitación a todos los grupos parlamentarios en el Congreso, un total de 10, solamente acudieron al pleno estos tres diputados.
