Queremos que se haga justicia, pero así no.
El dispositivo legal elimina el requisito de un año de residencia en España para el acceso a la nacionalidad de los descendientes de exiliados.
La vicepresidenta primera del gobierno Carmen Calvo, escogió una reciente visita a Francia para reconocer que España “tenía una deuda con la emigración” y aprovechó la ocasión para anunciar la inminente presentación de la una Ley de Memoria Histórica modificada. El texto en cuestión que ahora se llamará Ley de Memoria Democrática, fue aprobado en el consejo de ministros el pasado 15 de septiembre y se espera que próximamente se discuta en el Congreso de los diputados de España.
Hasta el momento no se ha publicado el contenido exacto del documento, pero igual que su predecesor, contendrá una disposición adicional que durante dos años permitirá el acceso a la nacionalidad española a los descendientes de españoles emigrados por razones políticas durante la Guerra civil de 1936. La misma ha generado una gran expectativa en Iberoamérica, concretamente en Cuba.
No vamos a juzgar las consecuencias para el conjunto de la sociedad española si el texto de los socialistas sale adelante. Eso tendrán que apreciarlo los propios interesados residentes en aquel país durante las próximas elecciones generales. Pero lo que sí está muy claro es que desde el punto de vista legal, la redacción del nuevo texto deja mucho que desear en el sentido de que, no sólo no subsana los errores de la anterior ley 52/7, sino que los agrava, amplificando los desafueros legales aun no resueltos que aquella normativa en su momento provocó. Sin ir más lejos, todavía quedan en Cuba más de 60 mil expedientes sin resolver de la anterior LMH.
Los afectados (entre los que me encuentro) no debemos dejarnos llevar por las emociones y aprobando semejante desatino legal. No se puede esperar que una ley parecida a la que provocó tanta división y dolor entre los descendientes de españoles nacidos en el extranjero pueda sin modificaciones sustanciales hacernos justicia. De hecho, varios grupos de descendientes en Iberoamérica ya han emitido reservas al respecto; lo mismo que la senadora Sara Vilà impulsora desde hace años de una reforma mucho más ambiciosa del Registro civil. Y porque España también nos importa -no sólo su pasaporte-, tampoco podemos aceptar que un asunto tan trascendental como es el tema de la nacionalidad se utilice con fines partidistas y de propaganda guerra civilista.
En un reciente mensaje en la red social de Twiter, el vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, se felicitaba porque gracias a la nueva ley “Los descendientes de los brigadistas internacionales que combatieron por la libertad y contra el fascismo en España, podrán acceder a la nacionalidad española.” No podemos criticar el empeño que pone el señor Iglesias en hacer avanzar sus ideas, pero igual nos gustaría que desde algún partido de derechas también defendiera con el mismo ahínco el derecho a la nacionalidad de los que no hace tanto dieron su vida por España en Cuba y en Puerto Rico.
Los descendientes de los brigadistas internacionales que combatieron por la libertad y contra el fascismo en España, podrán acceder a la nacionalidad española. Ya era hora de decir desde el Gobierno a estos héroes y heroínas de la democracia: gracias por venir ✊ pic.twitter.com/t8Xy5TgqvQ
Todos los especialistas en el tema coinciden en un punto: las regulaciones que rigen al acceso a la nacionalidad española contenidas en el Registro Civil, vigente desde hace más de un siglo, deben ser objeto de una revisión completa para adecuarlas a la realidad de nuestros tiempos, o al menos para equipararlas a lo que ya existe en países de nuestro entorno como Italia o Portugal, mucho más generosos con su diáspora a la hora de facilitar el acceso a la nacionalidad.
Por esa razón, en lugar que se incluyan los 4 supuestos que defiende la reforma Vilà en la nueva Ley, como lo hacen algunos defensores del texto como David Casarejos, deberíamos unirnos para pedir que se despolitice el tema de la nacionalidad con el objetivo de reformar por completo el Código de Registro Civil de 1889, evitando con ello el tener que seguir poniéndole parches, cada vez que haya que subsanar los absurdos legales que provocan las decisiones políticas de los gobiernos de turno. Empezando por el que privó a los naturales de la provincia de Cuba y de Puerto Rico de su condición de españoles en 1898. ¿Acaso los descendientes de aquellas personas no fueron también víctimas de la Guerra civil y de la invasión norteamericana? No cabe duda que los descendientes de los cubanos humildes (muchos de ellos negros) que lucharon para que Cuba siguiera siendo española hace 122 años apenas, acogerían con beneplácito en 2020 una ley de memoria que también les haga justicia permitiéndoles el acceso a la nacionalidad española.
Todavía es pronto para saber lo que ocurrirá con el anteproyecto de ley impulsado por la señora Calvo, pero lo que sí parece evidente es que por todas las razones expuestas el proceso comienza mal y si, como asegura la sabiduría popular, lo que mal empieza mal acaba; antes de que esto ocurra, los descendientes de españoles debemos organizarnos para defender una ley perenne e integral al margen de los vaivenes de la política que nos haga realmente justicia.
