Los españoles de la ‘tercera provincia española’ no pueden ejercer su derecho constitucional del voto
Nuestro CERA superó ya al CER de Sevilla hace varios años y ahora acaba de superar al de Valencia. El censo de electores de Valencia es 1.887.323, mientras que el CERA a esta fecha es de 1.889.344.
Al tiempo que alcanzamos este hito, debemos también elevar al Gobierno y Parlamento españoles nuestra condena más enérgica por haber permitido una de las leyes más nefastas proclamadas por el Parlamento Español, la Ley Electoral de 2011 y la imposición del voto rogado.
No se cometió tal atropello por ignorancia o desconocimiento (que en cualquier caso hubieran sido culpables para quienes debían saber bien lo que hacían). El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) presentó al Parlamento sendos documentos, detallando y razonando los derechos electorales de los españoles en el exterior. Estos fueron presentados oficialmente en una reunión del Consejo en la sede del Senado Español en junio de 2010. Igualmente se pidió repetidamente audiencia con la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, audiencia que por dos leyes mayores tenía el Congreso obligación de conceder. La audiencia fue denegada entonces y ha sido denegada año tras año hasta hoy.
Desde esa fatídica fecha, la participación electoral del colectivo de españoles en el exterior, que anteriormente era en torno al 35%, se desplomó en todas las elecciones hasta un 2, 3, 4 o 5% dependiendo de fechas y circunstancias.
Añadiendo sal a la herida, el Gobierno y Parlamento se han negado rotundamente a corregir esta clarísima vulneración de un derecho fundamental aun conociendo los repetidos resultados electorales tan desastrosos año tras año. Ahora estamos a punto de llegar a unas elecciones generales decisivas en las que un millón ochocientos ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y cuatro ciudadanos españoles encontrarán en la práctica tales impedimentos que menos de un 5% podrán votar.
¡Cómo puede permitirse tal vulneración de derechos en una democracia! Pues se está permitiendo en España.
No ha sido sin numerosas protestas y propuestas del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
Ángel Capellán Gonzalo es consejero general por Estados Unidos y presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Participación del CGCEE
