El gobierno anuncia el final del paternalismo
La próxima temporada ciclónica los cubanos descubrirán con dolor que nada es gratis en esta vida.
Los cubanos no paran de quejarse. El lamento es una desgracia nacional. El lloriqueo lleva cincuenta y seis años navegando de arriba abajo y de abajo arriba.
Pero hoy se terminó llantén.
El gobierno de los generales, que decide la vida y milagros de toda la nación, se ha cansado, y lo ha hecho con una medida increíble, que los medios digitales nacionales ni siquiera han destacado por el momento.
Los que se ocupan de la actualidad cubana en el exterior, tampoco han comprendido la importancia trascendental de la nueva disposición (La Resolución 143/2015) publicada en la Gaceta Oficial por el Ministerio de Finanzas y Precios, que actualiza el procedimiento relativo a pérdidas y daños por desastres. Estas nuevas regulaciones, que atañen a todos los sectores de la sociedad, estatales, empresariales, no estatales y personales, si llegaran a implementarse, significarían el entierro definitivo de la utopía socialista en Cuba.
Efectivamente, el precio de los productos y servicios que se vendan a la población damnificada por un desastre —sea natural, tecnológico o sanitario— se valorará según las tarifas minoristas vigentes. O sea, que el Estado dejará de entregar materiales gratis a la población afectada. Los recursos destinados a las reparaciones tendrán que ser adquiridos por los dolientes al precio del mercado. El documento aclara incluso que en al caso de que se reciba una donación (por definición gratuita) al afectado «sólo se le cobra el margen comercial, que incluye los gastos de distribución y transportación, según corresponda, por quien la ejecuta».
Estamos en presencia de una verdadera revolución que termina no sólo con la “gratuidad” absoluta por los servicios que prestaba tradicionalmente el Estado, sino nada menos que del fin del paternalismo.
Introduciendo de repente en las reglas del juego económico la premisa de la responsabilidad individual y de la autonomía, se restauran esos dos fundamentos indispensables al buen funcionamiento de toda sociedad humana, que fueron desarticulados e inhibidos por razones ideológicas durante 56 años y que tanto daño han hecho a los cubanos.
Para nadie es un secreto que el castrismo terminó por fabricar una sociedad zombie, disfuncional, cuyos miembros se muestran en su gran mayoría, incapaces de vivir correctamente sin la asistencia del Estado; mucho menos en el entorno de competencia e iniciativas personales que éste intenta introducir, o que van a imponerse por sí mismas, una vez que, como consecuencia del deshielo de las relaciones comerciales con los Estados Unidos, el sector privado inicie su despegue.
Leviatán no puede resolver los problemas individuales de cada ciudadano. Existe para garantizar el marco legal capaz de permitir el mejoramiento de sus condiciones materiales gracias a su esfuerzo personal.
Redescubrir que los servicios tienen un precio, que las cosas valen, es un paso de gigante que acaba de dar el general presidente. No podemos sino aplaudir esta muestra de realismo tardío.
Sin embargo, dicho esto, hay que aclarar que esta medida, tal y como se presenta hoy (se impone más bien) es profundamente injusta y económicamente indefendible; pues ¿quién en su sano juicio puede pretender que una familia de escasos recursos, además de la desgracia que enfrenta, tenga encima que endeudarse* a precio de mercado (aunque sea estatal) para reparar su vivienda?
Para evitar semejante absurdo y el complicado sistema burocrático que se avizora, no hace falta inventar nada nuevo. Una solución que funciona perfectamente existe: el seguro. Teniendo en cuenta las condiciones climatológicas de la isla podría crearse un fondo nacional independiente, alimentado con las contribuciones obligatorias (igual que se hace con el coche) de cada propietario de vivienda. Esa solución responsabiliza al ciudadano y libera al Estado de una carga, que como se ha visto y comprobado tras el paso del huracán Sandy, es incapaz de asumir.
Las personas, en lugar de estar esperando por los materiales gratuitos que nunca llegan o por la caridad internacional, serían indemnizadas en función de las propiedades aseguradas y del daño causado. Por lo pronto, esperamos que la injusta resolución 143 genere un debate ciudadano que obligue a los generales (y a la casta que debe remplazarlos en 2018) a dejar los experimentos y a adoptar de una vez, las medidas de liberalización económica que exige el cambio climático y sobre todo, los nuevos tiempos. Es urgente.
*Cuando por insuficiencia económica familiar alguien no pueda cubrir la totalidad de lo que le corresponde pagar según los precios de los productos asignados, puede acceder al crédito bancario en las condiciones y términos establecidos por esas instituciones.
