Cuba cerrará empresas estatales que tienen saldos negativos desde 2012
Ciento veintitrés empresas estatales cubanas terminaron el año 2014 con saldos negativos en su gestión y 24 de ellas se extinguirán este año tras reportar pérdidas económicas reiteradas desde 2012, según revela un informe parlamentario divulgado este lunes por el diario Granma.
Otras seis entidades que fueron evaluadas con resultados negativos en 2014 tienen aprobado trabajar hasta el próximo año, según la información presentada a los diputados por la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.
Está prevista además la recuperación de otras 26 durante el año en curso, a partir de previsiones de las propias empresas o por cambios en el sistema de financiación.
Los parlamentarios llamaron la atención sobre las ‘consecuencias sociales’ de estas deficiencias y criticaron los problemas en la ‘gestión’ de las empresas agrarias, las ‘debilidades’ en su dirección y la ‘falta de programas’ de desarrollo sobre la base de la ciencia y las inversiones, dijo el Granma.
Del Minag específicamente, que concentra el mayor volumen, 23 tienen prevista su extinción y se encuentran en diferentes fases de ese proceso; 16 deben enrumbar sus resultados económicos durante este 2015; y otras dos entidades estiman recuperarse el próximo calendario.
Según el informe presentado, el Grupo Empresarial Azcuba, que también cuenta con cinco empresas con pérdidas, prevé su recuperación este año, luego de efectuar un grupo de acciones que les han permitido recobrar su gestión y en estos momentos muestran resultados positivos en sus estados financieros.
Además se conoció que al cierre del primer trimestre de este año 65 empresas de todo el país muestran pérdidas.
Durante las fiscalizaciones realizadas por los diputados en dicho periodo se comprobó, de acuerdo con Utrera Caballero, que en los primeros meses del 2015 existían entidades que no tenían en su poder el plan aprobado. Se evidenció, además, que aún persisten dificultades en el proceso de planificación, pues en varias empresas lo previsto difiere sobremanera de lo real obtenido.
Ello fue valorado de inaceptable por los parlamentarios, quienes reconocieron que mientras existan estas problemáticas no puede hablarse de desarrollo sostenible. De igual forma, insistieron en que los análisis superen el ámbito empresarial y tengan en cuenta las consecuencias negativas de las pérdidas en la satisfacción de las necesidades de la población.
Una intervención medular fue la del diputado Giraldo Jesús Martín, del municipio de Jovellanos, de Matanzas, quien reflexionó sobre los hondos problemas de la Agricultura en materia de gestión organizacional, descapitalización empresarial, insuficiente capacitación de los recursos humanos y baja aplicación de los resultados científicos.
Alexis Rodríguez, director de Contabilidad y Precio del Minag, explicó que la extinción de las empresas con pérdidas sostenidas no implica una disminución de los niveles de actividad sino un reordenamiento de los recursos para la prestación eficiente de los servicios.
Mientras Lina Pedraza, ministra de Finanzas y Precios reconoció “la imposibilidad del Minag para dar respuesta por sí solo a la situación de las deudas que vienen arrastrando en su gestión, por lo cual habrá que darle seguimiento y apoyo”.
Los parlamentarios también intercambiaron sobre los resultados derivados de las visitas a 34 municipios del país, pertenecientes a las provincias de Las Tunas, Holguín, La Habana y Sancti Spíritus, con el propósito de fiscalizar la implementación de las medidas que aseguran el cumplimiento del plan de la Economía.
La diputada Gricel Castro, presidenta de la comisión, comentó que fue revisada la aplicación de la Resolución 17, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 25 entidades de las provincias mencionadas.
Tales controles arrojaron que existen entidades que no tienen actualizada la guía de autocontrol de la Contraloría General de la República ni los trabajadores dominan su contenido, persisten deficiencias en el control interno y en la gestión de los recursos humanos, pagos sin respaldos productivos, lo que afecta el Presupuesto del Estado, así como insuficiencias en el proceso de contratación que propician condiciones para presuntos hechos delictivos.
Las diez comisiones permanente del Parlamento iniciaron el pasado sábado sus debates previos al primer pleno ordinario del año, previsto para el próximo miércoles.
