Como estaba previsto la Ley de Memoria Democrática, (Congreso de los Diputados, 2022) aparcada durante casi toda la Legislatura por falta de consenso político ha salido adelante esta tarde en el Congreso de España. El texto consigue imponerse con los votos de Bildu, Más País, PSOE, Podemos y la abstención de ERC. Es decir, la coalición de izquierdas que corta el bacalao en el actual gobierno.
Naturalmente, el bloque de derechas ha protagonizado una dura oposición al documento, calificado de orweliano por el diputado de Vox Francisco Contreras que se ha despachado citando todo un párrafo del celebérrimo 1984, al tiempo que esgrimía implacable las cifras de los diputados asesinados durante el período republicano por los comunistas teledirigidos por Moscú.
El partido Popular ha votado en contra dando muestras una vez más de su inconsecuencia ideológica pues, no sólo pudo suprimir de ley anterior aprobada en 2007 cuando disponía de mayoría absoluta, sino que en las comunidades autónomas donde gobierna en la actualidad, como en Andalucía tampoco ha derogado disposiciones equivalentes, lamentó contraras en su intervención.
Los otros oponentes a la Ley, Ciudadanos, Junts per Catalunya y de los Bloque Nacionalista Gallego, lo han hecho por no haber visto satisfechas sus exigencias demasiado radicales hasta para sus propios socios de gobierno. De todas maneras, este desacuerdo – de postureo, como dicen por aquí -, se destinaba a guardar las apariencias ante su electorado más intransigente y no hubiera cambiado la votación de esta tarde ya que, el otro peso pesado de la coalición, Esquerra Republicana, había pactado su abstención al proyecto de ley, lo cual garantizaba su aprobación final.
¿Y todo esto que tiene que ver con Cuba?
Muchísimo. En primer lugar, porque la nueva ley dispone en su disposición adicional octava una regla que permite la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia. En segundo lugar, porque amplía derechos que vienen reclamando desde hace años grupos y asociaciones de descendientes en Hispanoamérica. Específicamente, a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978; sin olvidar, por último, a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción que contenía la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, conocida en Cuba como Ley de nietos.
Si el anterior texto permitió que más de 200 mil naturales de la isla, adquirieran un pasaporte español; el actual, si no es retocado por el Senado, permitirá el acceso a la nacionalidad española de un número consecuente de isleños. No hay que ser un especialista en demografía ni en ciencias sociales para deducir que, dada la actual crisis total por la que atraviesa la otrora Fidelísima isla de Cuba; los chantajes de la dictadura no funcionarán como sucedió en 2007, cuando una buena parte de los que pudieron adquirir la nacionalidad española, -militantes del partido, militares, trabajadores del sector estatal entre otros- no lo hicieron por miedo a las represalias. Los 15 años transcurridos desde entonces han demostrado con creces que la actual cúpula gobernante es incapaz de brindar a su población una mínima parte de las ventajas que les otorgaría una ciudadanía española caída del cielo, que abre de golpe a un país machacado y exhausto tras más de sesenta años de comunismo las puertas del mundo.
¿Cuántos cubanos podrían adquirir la nacionalidad española bajo estos nuevos supuestos?
Pues veamos. La anterior ley de nietos dejó fuera a los hijos de madres españolas. Sus descendientes conformarían un buen contingente de nuevos españoles para empezar. Luego están los hijos mayores que se quedaron fuera la primera vez; hijos que a su vez ya han procreado y cuyos descendientes también podrán reclamar la nacionalidad, porque sus abuelos optaron por la nacionalidad de origen en su momento.
Hace algún tiempo habíamos calculado de manera conservadora que, por ejemplo, si existiera una ley ampliada de nacionalidad como la italiana donde el ius sanguinis no prescribe (Novecento web, 2022) por los que los descendientes hasta 1861 pueden reclamarla, el número de personas con derechos a la nacionalidad dentro de la isla, podía ascender tranquilamente a la totalidad de su población actual. Es la razón por la que, cuando se firmó el Tratado de Paris en 1898; uno de sus artículos, decretaba que la nacionalidad de los naturales de los territorios cedidos o conquistados a España se determinaría por el Congreso de los Estados Unidos.
Ahora bien, sin tener que llegar tan lejos, considerando que, del millón y medio de personas que conformaban la población de la isla según el censo de población realizado por el gobernador militar norteamericano en 1899, más de 150 mil personas nacidas en la península se inscribieron en el registro de españoles -conservando por esa razón ellos y sus descendientes hasta hoy el derecho a la nacionalidad-; pero sin olvidar de ningún modo a los 800 mil peninsulares que al menos hasta 1940, vinieron a aumentar la comunidad española dentro de la isla, podemos estimar que al día de hoy, por lo menos 5 millones de cubanos podrían reclamarla.
¿Y qué va a suceder si esto ocurre?
Pues dos cosas de envergadura.
Primeramente, para Cuba significaría el final de la dictadura. España como el 1898 es soberana y decide libremente quienes pueden o no ser sus ciudadanos. A menos de impedir por la fuerza el acceso a la embajada española, la cúpula castrista, donde todos sus personajes, empezando por el puesto a dedo, son descendientes directos de españoles, no podría oponerse a que cada cual haga el trámite consular que le corresponde.
En definitiva, España tendría que reformar su Constitución creando -como existe en Francia-, una circunscripción exterior. El único mecanismo conocido, capaz de integrar armoniosamente en la vida política nacional a una emigración que cuenta ya con casi tres millones de españoles viviendo en el extranjero. Una comunidad, a la que se sumarían los nuevos beneficiarios de esta ley, y que podría si no se hace una reforma de fondo, romper los actuales equilibrios políticos. Recordemos que el voto rogado ha sido derogado recientemente por la actual legislatura y que los peligros de esta medida (justa por demás) los enunció claramente el diputado del Partido Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, cuando afirmó el mes pasado ante el pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior lo que me parece una evidencia: “hasta ahora el voto de los españoles en el exterior podía cambiar algún escaño, pero ahora puede cambiar gobiernos”. (Españoles de Cuba, 2022)
No es deseable, ni justo que españoles en el exterior por más numerosos y simpáticos que sean, decidan los destinos de toda la nación. Mucho menos ahora en que la opinión está tan polarizada y que los objetivos de unos y otros son, como ya ocurría en el siglo XIX, tan distintos. El texto pasará al Senado en septiembre para su aprobación y regresará al Congreso para su validación final entrando en vigor, una vez su publicación en el Boletín oficial del Estado.