Una reforma electoral adoptada al final del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero provocó la caída drástica de la participación de españoles residentes en el exterior el día de las elecciones generales de 2011
Tampoco cabe esperar mejoras sustanciales para las del 20 de diciembre, porque el error cometido en su día se ha mantenido durante el mandato de Mariano Rajoy.
En las próximas generales se quedará sin votar una gran mayoría de los 1,8 millones de españoles residentes fuera del territorio nacional.
Hay datos muy elocuentes. Si en las elecciones generales de 2008 había ejercido su derecho al voto el 31,8% de los que se encontraban fuera, tras el cambio de procedimiento esa participación cayó al 4,9% en 2011 (y al 1,9% en las europeas del año pasado). Había motivos para preocuparse. Sin embargo, todas las protestas de los afectados cayeron en saco roto.
Las razones por las que se limitó el voto desde el exterior tienen que ver con un rosario de problemas por fraudes —reales o supuestos— observados en el ejercicio de este sufragio. Cuando un partido creía tener determinado escaño en la mano y al final lo perdía tras el recuento del voto emigrado, lanzaba con frecuencia la sospecha de un engaño. El PP y el PSOE se pusieron de acuerdo y eliminaron esa fuente de eventuales problemas, cambiando drásticamente el procedimiento, que ahora obliga a rogar el voto en los consulados y a cumplir una serie de trámites. Los plazos no favorecen —antes tampoco— la participación electoral de los que se encuentran fuera.
Los partidos han admitido el fracaso de la reforma y han mostrado un aparente interés por modificarla, pero la legislatura ha pasado sin la menor preocupación real por efectuar cambios. Esto es un escándalo del que se habla demasiado poco. Los españoles no pueden ser privados de ejercer el derecho al voto. Por supuesto que deben adoptarse los filtros legales necesarios para evitar fraudes, pero no al precio de acumular obstáculos para que casi dos millones de personas desistan de votar, aunque quieran hacerlo. Eso sería como limitar drásticamente la circulación de automóviles, trenes y aviones para asegurar que no vuelva a producirse un accidente.
Los parlamentarios que resulten elegidos el 20-D tendrán que ocuparse de este asunto. Tiene que haber alguna forma de facilitar el voto de los que no pueden estar presentes en el colegio electoral que les corresponda, o que residen por largo tiempo fuera de España, en la época del gran desarrollo de la Red. ¿Por qué se puede presentar telemáticamente un documento tan confidencial como la declaración de impuestos, pero no votar?
Los cálculos partidistas son los que dificultan la reforma. Por ejemplo, la composición del colectivo de españoles fuera del territorio nacional es más joven que el de los residentes en España, dato que no habrán pasado por alto los cerebros electorales de los partidos con una base de edad elevada. No tendría sentido prometer a los emigrados el regreso a una España de más oportunidades y empezar por mantenerles ajenos, en la práctica, del ejercicio del voto.