- En el caso de Cuba, lo hemos estado denunciando desde hace años, las ayudas no llegan a todos los que podrían beneficiarse y alimentan, además, una red clientelar que no sirve para nada.
Dos de los integrantes del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires, Gustavo Fernández y Xoán Negreira, acusaron a sus compañeros del Consejo de “infringir los reglamentos” al hacer público un comunicado que apoyaron todos sus integrantes, excepto ellos, que se opusieron.
La razón que esgrimen Fernández y Negreira para calificar el comunicado de “falaz” es que la decisión de difundirlo solo podría haberse tomado en el marco de una “reunión ordinaria” del organismo.
Para los dos representantes que votaron en disidencia, la decisión del Consejo de actuar con “rapidez” responde a una “urgencia electoral”.
Cabe recordar que el comunicado –ahora objeto de disputa– expresaba la condena del organismo a las declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en las que anunciaba la decisión de revisar y recortar programas de apoyo del Estado a la ciudadanía residente en el exterior.
Al respecto, Gustavo Fernández y Xoán Negreira se preguntan “si el cuestionamiento por la utilización de los fondos del Estado español para financiar algunas instituciones que han fracasado en su objetivo de representar a las españolas y españoles del exterior, tendrá que ver con el nerviosismo y con el interés que algunos consejeros puedan tener en que esta absurda práctica se siga realizando a fin de capitalizarla para beneficio personal”.
Para los dos consejeros, los datos del estudio realizado por la Embajada de España y la Fundación España denominado ‘Libro Blanco de las Instituciones Españolas en la Argentina’ podría clarificar algunas cuestiones y abrir la puerta a tal debate.
Según ellos, la poca vinculación del colectivo con las asociaciones de emigrantes y la escasa participación de la ciudadanía en los comicios electorales “deja en evidencia, por sobre toda las cosas, una ausencia de coherencia para justificar la cantidad de recursos que las ciudadanas y ciudadanos españoles han destinado de sus impuestos para sostener estructuras que no han sabido cumplir con su cometido en el mejor de los casos, y en el peor nos plantea la duda si no han oficiado como nicho de negocios para reducidos núcleos de poder, sus familiares y amigos”.
Por último, Fernández y Negreira también cuestionan el rol de las representaciones estatales y autonómicas, a las que califican de “completamente ineficaces” y a las que acusan de recibir “una gran cantidad de fondos públicos”.