Las Cortes Españolas deben promulgar una ley permanente e inextinguible en el tiempo, que permita a los puertorriqueños que libre y voluntariamente lo decidan, el acceso inmediato a la ciudadanía española
Por Iván Arrache Young
La semana pasada analizaba lo que debería ser el primer paso de todo Autonomista Puertorriqueño en su proceso ideológico. En el mismo quedó clara la necesidad de desprenderse de viejas nociones diseñadas por otras ideologías, entiéndanse estadistas, independentistas y sobretodo la estado-lobbysta-colonialista.
El segundo paso será, la extensión de la ciudadanía española para los puertorriqueños.
Sin más preámbulos enunciaré las razones legales que amparan esta demanda, pues lo cierto es que no existen razones válidas ni jurídicas para impedirla.
La primera es que la ciudadanía española NO es una ciudadanía territorial, es una ciudadanía por sangre, o sea, por descendencia. Así lo establece la Constitución española. Sobran ejemplos de su aplicación con la Ley de Memoria Histórica o, la muy reciente normativa que permite el acceso a la nacionalidad de los sefardíes que la soliciten. En ambos casos, ni los lugares de nacimiento o de residencia, privan derechos o impiden su aplicación.
El segundo argumento, más contundente si cabe, fue la demostración hecha ante los tribunales por Juan Mari Bras y otros 288 patriotas puertorriqueños, de que la ciudadanía española persistió en la isla, a pesar de la Ley Jones de 1917 y de todas las otras leyes que, desde entonces, han sipo aplicadas dentro de Puerto Rico por el Congreso de los Estados Unidos.
Esta jurisprudencia representó mucho más que una disposición estatutaria, pues reconocía, simultáneamente, la facultad de conservar la ciudadanía española y la entidad política «Pueblo de Puerto Rico». Este histórico fallo, obligó a que el Gobierno de los Estados Unidos aceptase la existencia de una nacionalidad distinta a la norteamericana dentro de la isla.
Más allá de las consideraciones territoriales sobre Puerto Rico, el caso del gentilicio puertorriqueño es materia muy diferente. Según el caso Balzac vs. Porto Rico, en la isla no aplica la Constitución norteamericana porque Puerto Rico no está ‘integrado’ a los Estados Unidos. La consecuencia de este fallo es evidente: al día de hoy los puertorriqueños no poseen una ciudadanía constitucional propia que los ampare o cobije, lo que significa que son «apátridas». Aunque los puertorriqueños se aferren a una ciudadanía americana, ésta sólo les sirve como pasaporte, pues no vale legalmente nada en Puerto Rico.
¿Y qué pasa con quienes no renunciaron a su ciudadanía española?
La respuesta no deja lugar a dudas: siguen siendo españoles y el gobierno de España debería reconocerlos como tales.
¿Por qué motivos, hoy, en pleno siglo XXI, los descendientes de españoles que fueron desposeídos de la nacionalidad, tenemos que sufrir un destino que no pedimos?
Estos temas tuvimos el privilegio y honor de tratarlos hace algunos años, junto a Gerardo Olmeda, Miguel Cabrera y María Isabel Figueroa con el más alto funcionario del Gobierno de España en Puerto Rico. De la misma forma pudimos asesorarnos también con el único puertorriqueño titular del Premio Príncipe de Asturias, que apoya nuestras solicitaciones ante el gobierno español.
Por todas las anteriores razones, y tantas otras que el limitado espacio de esta columna me impide expresar, se debe luchar porque las Cortes Españolas establezcan una ley permanente e inextinguible en el tiempo, que permita a los puertorriqueños que libre y voluntariamente lo decidan, el acceso inmediato a la ciudadanía española.