Los 2330 catalanes de Cuba*, repartidos dentro de la isla, en las cuatro provincias en las que se divide Cataluña, Barcelona, Girona, Lérida y Tarragona, ‘tendrán acceso a servicios en las mismas condiciones que los residentes en Cataluña’, aseguró el diputado de JxSí Jordi-Miquel Sendra.
El Parlamento catalán ha aprobado este miércoles en el pleno la ley de la comunidad catalana en el exterior, que regula las relaciones entre la Generalitat y los catalanes establecidos en el extranjero, gracias a los votos favorables de JxSí, PSC, SíQueEsPot y la CUP, y en contra de Ciudadanos (Cs) y PP.
La iniciativa, impulsada por el Govern, crea el Registro de Catalanes Residentes en el Exterior de inscripción gratuita y voluntaria, y reconoce a los catalanes en el extranjero como destinatarios de derechos y de la acción del Govern.
También les da apoyo, asistencia y protección, pretende potenciar las comunidades catalanas y crea el Consell de la Cataluña Exterior como órgano asesor y de participación.
El conseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Internacionales y Transparencia, Raül Romeva, ha presentado la ley destacando que aproxima las comunidades catalanas en el exterior y actualiza la ley de 1996, que cree que “había quedado desfasada”.
El diputado de JxSí Jordi-Miquel Sendra, como ponente relator de la ley, ha reivindicado que el proyecto afronta la necesidad de establecer un nuevo modelo de relaciones con los catalanes en el exterior, les garantiza el acceso a servicios en las mismas condiciones que los residentes en Cataluña, y da “un especial reconocimiento” a los catalanes residentes en las comunidades autónomas de España.
La diputada de Ciudadanos Susana Beltrán ha asegurado que la ley “discrimina” a los catalanes que no son independentistas, ya que considera que hay algunos artículos que no reconocen a todos los catalanes y que provocará que muchos no acudan a las comunidades en el exterior.
El diputado del PP Juan Milián ha criticado que el Govern busca instrumentalizar a los catalanes en el exterior para el independentismo y que el registro tiene el objetivo de obtener “datos personales para hacer un referéndum ilegal”.
La socialista Esther Niubó ha celebrado que la ley reconozca a los catalanes en el extranjero como sujetos de derechos y deberes y destinatarios de las políticas del Govern, y las condiciones del registro, aunque ha advertido de que “no puede ser un censo electoral”, por su preocupación de que se convierta en un censo para el referéndum.
Apoyos
El diputado de SíQueEsPot Joan Josep Nuet ha reprochado a PP y Ciudadanos por “prejuzgar que el registro se utilizará mal”, ya que lo ve necesario para identificar a los catalanes en el exterior y destinarles políticas públicas, y ha destacado que la principal demanda de las comunidades en el extranjero es poder votar.
El ‘cupaire’ Carles Riera ha reconocido que la ley supone un avance en muchas cuestiones, pero ha lamentado que “es una ley aún autonómica” y que es insuficiente en aspectos como el reconocimiento de derechos sociales, promoción del catalán o en la definición de los Países Catalanes.
*1755 Barcelona, 219 Girona, 106 Lérida, 250 Tarragona, según los últimos datos del CERA publicados en abril)