Las víctimas de la dictadura uruguaya, indignadas con la izquierda

El miércoles miles de personas volvieron a desfilar por el centro de Montevideo, una marea humana sorprendentemente silenciosa en la zona de más bullicio comercial de la capital; En Uruguay, la Marcha del Silencio del 20 de mayo es un ritual que parece instalado ya sin solución, en una dinámica circular, con las mismas consignas, los mismos reclamos, las mismas madres cada vez más ancianas. Pero éste año los políticos brillaron por su ausencia en el cortejo: ni rastro de dirigentes del Frente Amplio (muchos de ellos fueron víctimas de la represión) ni de representantes del Gobierno.

El ambiente estaba especialmente enrarecido: durante la presidencia del exguerrillero tupamaro José Mujica todo fueron obstáculos para investigar los 200 casos pendientes de desaparecidos. El propio presidente se manifestó incluso a favor de liberar a los militares encarcelados por razones de edad, a pesar de que el pacto de silencio de los uniformados – inquebrantable – ha bloqueado cualquier avance en el esclarecimiento de los crímenes. El anterior mandato del FA, con el ahora presidente Tabaré Vázquez a la cabeza, permitió llevar a cabo excavaciones y algunas pesquisas. Pero al final todas las iniciativas se toparon con el muro de la Justicia que considera prescritas las causas de la dictadura.
El escritor y exministro de Cultura Carlos Liscano, exguerrillero tupamaro que pasó 12 años en la cárcel, asegura que “ningún Gobierno ha estado dispuesto a obligar a los militares a entregar la información que tienen. Hay archivos secretos escondidos, algunos en casas particulares. El actual ministro de Defensa acaba de llamar “bobitos” a los familiares y es un colaborador de los militares. El Ejército tiene registro de todo y hay que abrir esos archivos, lo que falta es voluntad política”, dice Liscano.
A la cuestión de los desaparecidos se suma el tema pendiente de los detenidos y torturados, un capítulo menos conocido de la represión uruguaya. El país rioplatense llegó a tener la mayor población encarcelada de América Latina en un contexto de tortura sistemática. Se calcula que 20.000 uruguayos pasaron por las celdas de la dictadura – de ellos 6000 fueron procesados – dentro de una población de 3,2 millones de habitantes. Esta represión a gran escala estuvo a cargo de un importante aparato de seguridad que nunca tuvo que sigue protegido por el anonimato.