- Novedades sobre la ley de nietos 2020. El gobierno invita a los interesados a dejar su ipinión sobre el proyecto de ley.
Ya tenemos el texto completo del anteproyecto de ley de Memoria democrática, promovido por la presidenta primera del gobierno de España, Carmen Calvo. El mismo con respecto al de 2007 tiene algunas modificaciones interesantes que de llegar a aprobarse interesarían a una buena mitad de las personas que se quedaron fuera de la pasada ley. Concretamente, gracias a las modificaciones introducidas en el nuevo texto, se trata de los hijos de las abuelas españolas que no transmitían la nacionalidad a sus descendientes antes de 1976.
Pero ¿cuáles son las novedades?
En efecto, el mismo, en su disposición 8° que es la que determina las modalidades de adquisición de la nacionalidad española, especifica que aquellos descendientes “nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles” podrán optar por adquirir la nacionalidad española.
Como se puede apreciar en la versión de 2007 sólo podían optar por la nacionalidad española “Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”. La redacción de aquel texto trajo aparejado varios problemas legales -como el antes mencionado-, de las mujeres españolas nacidas antes de 1976 cuyos descendientes no pudieron hacerse españoles.
Naturalmente el texto anterior, como el actual, se encuentra redactado en términos tan vagos desde el punto de vista legal, que abre todas las interpretaciones posibles cuando sea aprobado. El primero de los problemas que se manifestará es de sobra conocido y concierne a los hijos mayores de los nuevos españoles ¿Podrán o no podrán hacerse españoles ellos también?
Si nos remitimos a lo ocurrido en 2007 la respuesta es no, con lo que se repetirá el cortejo de divisiones familiares que ha sido tan criticado por las asociaciones de descendientes residentes fuera de España y en concreto en Hispanoamérica.
¿Una ley perenne?
Todo parece indicar que sí. Si nos remitimos a la redacción original de la primera ley, la misma estaba redactada de la siguiente manera “podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional.” O sea, los interesados tenían sólo dos años para manifestar su deseo de hacerse españoles y este limite ha desaparecido de la disposición 8° del actual proyecto.
Recordemos que, en el caso de Cuba, por ejemplo, muchas personas no tuvieron tiempo de procurarse los documentos. Lo cual no ocurrirá con la nueva normativa puesto que los interesados podrán iniciar los trámites cuando se les antoje.
Por último, el nuevo texto elimina la barrera establecida por el artículo 22 del Código Civil, que establece la necesidad de residir legalmente en España durante un año a sus antiguos nacionales para recuperar la nacionalidad. ¡Pero ojo! Esto no quiere decir que los hijos mayores excluidos podrán optar sin residir aquí. Nada de eso. El nuevo texto especifica claramente que este derecho estará reservado a aquellos antiguos ciudadanos “que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia, renunciaran a la nacionalidad española”.
Esto quiere decir que aquellos que tuvieron que emigrar porque se estaban muriendo de hambre y perdieron la nacionalidad española en sus países de acogida no podrán, en el caso de quererlo, recuperarla.
En conclusión.
Una vez más estamos en presencia de un texto inspirado por razones ideológicas no de sentido común, y ya puestos a criticar, ni de mera justicia histórica. Los redactores del proyecto no han querido de ninguna manera enmendar los errores de 2007. Todo lo contrario. Para quedar bien con los nuevos tiempos han abierto el derecho a las abuelas discriminadas. Nada más.
Pero aún hay más. La vicepresidenta ha desenterrado un procedimiento participativo, recogido en la “Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que establece en su artículo 26 dos vías para posibilitar la participación de ciudadanos, organizaciones y asociaciones en el proceso de elaboración de los anteproyectos de ley”, con el fin de abrir el debate público sobre el tema. Como era de esperar muchas asociaciones invitan a sus afiliados y seguidores a dejar sus opiniones, en esta dirección informacionleymemoria@mpr.es pero, sobre todo, a pedir la inclusión de los 4 supuestos de nacionalidad defendidos por Izquierda Unida en la persona de la senadora Sara Vilà. En medio de todo ese caos de sin razón, otras asociaciones como la de los » Descendientes Españoles en el Mundo » e «Hijos y Nietos de españoles» solicitan enviar un correo electrónico no de apoyo a la LMD, sino para solicitar que todos los descendientes, incluyendo a los que tienen a sus padres españoles fallecidos, puedan acceder a la nacionalidad tal y como se les permitió a los sefardíes. En sus reclamo, recuerdan a la vicepresidenta que otros países europeos como Italia o Portugal reconocen este derecho a su diáspora.
El método torticero y retorcido escogido por el gobierno para quedar bien con Dios y con el Diablo, tiene como único objeto evitar las protestas de las antenas socialistas en Iberoamérica, dándole falsas esperanzas a los descendientes que todavía creen en milagros, y abogan sinceramente por la aprobación de una ley de memoria antidemocrática, injusta, racista y revanchista; que si bien es cierto podría beneficiar a unos pocos; sería extremadamente perjudicial para el resto de los españoles.
En “Españoles de Cuba” nos oponemos a que se incluya dentro de la ley de memoria el tema de la nacionalidad. Así de sencillo. Los descendientes de españoles en el exterior no debemos entrar en el juego político peninsular por una razón evidente: éste en sus grandes líneas, nada tiene que ver con nosotros. Caucionar la aprobación de una ley liberticida por sus más que discutibles beneficios, equivale a saludar a un ejército de ocupación desde un confortable balcón. España es de todos sus hijos, y hasta de la humanidad si nos ponemos líricos, pero su devenir interesa e incumbe principalmente a los que viven allí.
Esa ley en su conjunto sólo contribuye a la división de la sociedad española, al desmembramiento del régimen del 78, a la desaparición de la monarquía constitucional y, a fin de cuentas, a la disolución del país que dejaron nuestros abuelos por las razones que fueran. Por esa razón los descendientes deberíamos seguir pidiendo una reforma del Código Civil, tal y como lo propone Sara Vilà. Una modificación legislativa de fondo, que permita a todos los descendientes sin exclusiones políticas, de oportunidad, de capricho, o de sexo, el acceso a la nacionalidad española.
Que después de leer lo anterior, cada cual que haga lo que mejor le parezca, pero de nada nos servirá un pasaporte de un país que pronto ya no estará si salen adelante este y el resto de los proyectos liberticidas concebidos por los social-comunistas que desgobiernan a España.