- Cuba no reconoce la doble nacionalidad y al entrar en la isla con un pasaporte cubano los dobles nacionales no tienen derecho a socorro.
El gobierno de España no podrá asistir al ciudadano cubano-español Mario Josué Prieto Ricardo, encarcelado tras las históricas protestas del 11J en Cuba, en las que participó en la ciudad de Holguín.
El joven español permanece en prisión desde el 23 de julio de 2021, condenado a 12 años de cárcel por sedición. Al tener la doble nacionalidad y haber ingresado en territorio cubano con el pasaporte cubano, como obligan las leyes del régimen, el gobierno español no puede asistirle y reclamar su liberación ante las autoridades.
Así lo explicó en sede parlamentaria el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, luego de que el Partido Popular se interesara por el caso de Prieto Ricardo. Además, los populares preguntaron si el gobierno está brindando apoyo a sus padres, quienes redactaron una petición de ayuda que hicieron llegar en septiembre al ministro Albares.
En su respuesta, el titular de Exteriores se refirió al artículo 36 de la Constitución cubana como el que esgrimen las autoridades cubanas para denegar las peticiones de España. “Los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en territorio nacional (…) no pueden hacer uso de una nacionalidad extranjera”, explicó Albares según Europa Press.
Tanto la Embajada como el Consulado General en La Habana «han venido siguiendo el caso» y han realizado gestiones ante las autoridades cubanas «para aliviar su situación penitenciaria», dijo el ministro ante los diputados españoles.
Sin embargo, dado que Prieto Ricardo también ostenta la ciudadanía cubana «no es posible prestar la habitual asistencia al detenido» que normalmente se brinda en los casos de los españoles encarcelados en el extranjero, aclaró.
El joven, que residía en Estados Unidos, quedó atrapado en la isla durante una visita a su familia debido al inicio de la pandemia en marzo de 2020. El 11 de julio de 2021, Prieto se sumó al estallido social que sacudió toda la isla y participó en una manifestación en Holguín. La Embajada en La Habana «está en contacto con la familia» concluyó Albares.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) envió en septiembre al Gobierno un informe jurídico de la situación de Prieto Ricardo, al que definió como «preso político».
Según este organismo, que analizó la sentencia en su contra, en ningún momento quedó probado el delito de sedición del que se le acusa y no se respetó el principio o garantía de que las personas deben ser juzgadas por un juez natural y no por tribunales o salas de excepción, así como tampoco se tuvieron en cuenta las circunstancias personales y de salud del detenido.
En opinión del OCDH, el hecho de que las autoridades cubanas estén aplicando el «principio de ciudadanía efectiva, no impide que las autoridades españolas intervengan» en este caso, dado que «se han cometido errores jurídicos evidentes y se trata de una situación grave y humanitaria, con peligro para la vida del ciudadano español». En ese sentido, sostuvo que «la presión de España podría ser determinante para obtener la liberación».
En su informe, el OCDH alertó a las autoridades españolas de la condición de paciente psiquiátrico de Prieto y los puso al corriente del historial del joven, que incluía dos intentos de suicidio.
A estos habría que sumar un tercer intento el pasado 5 de noviembre, ocurrido en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucia Íñiguez Landín, de la ciudad de Holguín. Prieto Ricardo había ingresado a mediados de octubre pasado en esta instalación con sospechas de esclerosis múltiple, tras haber estado un mes en la enfermería de la Prisión Provincial de ese territorio.
“Yo llevo un año y pico diciendo que lleven a Josué al médico, pidiendo que lo vea el psiquiatra”, dijo a CiberCuba Niurka Ricardo Hidalgo, madre del preso político y testigo, junto a sanitarios y oficiales del Ministerio del Interior, del intento del joven de lanzarse de un quinto piso del hospital.