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El Informe Anual fue presentado y entregado por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, al presidente del Senado, Manuel Cruz, y a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
El Consulado General de España en La Habana sigue siendo, un año más, el que acumula un mayor número de quejas por la demora en las solicitudes de nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Histórica. Anualmente, este consulado resuelve unas 10.000 solicitudes y el año pasado ha realizado un importante esfuerzo para requerir información complementaria sobre 14.000 expedientes con los que no se había realizado ninguna actuación. Además, en diciembre del pasado año se inició el proceso para contratar a 15 asistentes temporales para resolver los expedientes. El plazo medio para la revisión de la documentación aportada en los expedientes de nacionalidad no baja de 34 meses.
El Informe del Defensor del Pueblo también recuerda que, el pasado 17 de mayo de 2017, las autoridades cubanas autorizaron la apertura de un Consulado General de España en Santiago de Cuba pero que sigue sin materializarse.