La Secretaria de Estado Consuelo Rumí convocó a los medios especializados en la emigración para hacer un balance de su labor al frente de esa secretaría. Se abordaron temas que interesan a a la emigración, algo que la secretaria llego a calificar de «problema de Estado», en un momento de su intervención.
Del mismo modo, según informa La Región Internacional, Rumí se extendió largamente sobre la reforma del Código Civil, y en concreto sobre la nueva ley de nacionalidad, reiterando que lo de la nacionalidad «es un tema que llevará tiempo resolver».
La secretaria de Estado volvió a detallar a los periodistas presentes los tres supuestos que el partido socialista defiende, pero que para lograrlos haría falta «consenso» y sobre todo mucha «generosidad y responsabilidad», lo cual excluye, al menos durante la administración de Sánchez, una reforma global como lo desean las asociaciones de españoles en el exterior.
Por memoria, recordemos los supuestos que apoya la secretaria Rumí:
- Pérdida de la nacionalidad por parte de hijos cuyos padres tuvieron que hacer una renuncia expresa a su nacionalidad.
- Recuperación de la nacionalidad para aquellos hijos cuyas madres no pudieron transmitírsela
- Acceso a la nacionalidad para hijos que no pudieron optar a ella por ser mayores de 18 años
El primero de esos mínimos es que la pérdida de la nacionalidad española por los hijos de los emigrantes se produzca exclusivamente por renuncia expresa, en lugar de tener que ir al Consulado a la mayoría de edad para confirmar que quiere mantenerla y que hasta que esa modificación se produzca, el Ministerio de Asuntos Exteriores “informe muy bien” para evitar la pérdida a la mayoría de edad.
Otro mínimo es la posibilidad de recuperación de la nacionalidad por los hijos de mujeres españolas casadas con extranjeros, que no pudieron transmitírsela antes de 1978.
Por último, el otro umbral imprescindible para Rumí sería el acceso a la nacionalidad de los hijos de emigrantes cuyos padres no pudieron inscribirles tras la última reforma de la normativa por haber alcanzado ya la mayoría de edad, lo que dio lugar a discriminaciones dentro de las familias, en las que unos hijos pudieron acceder a la nacionalidad de sus padres y otros no.
La secretaria de Estado insistió en que el contenido de las enmiendas que han presentado en este sentido están consensuadas con el CGCEE y en que es necesario que se produzca también un consenso político para que puedan salir adelante “con mucho debate, responsabilidad, para saber hasta dónde llegamos, y generosidad”.
“Es una ley que llevará tiempo si queremos hacerlo bien”, apreció Rumí, tras señalarse que está en fase incipiente. Además, ha tenido la peculiaridad de empezar el trámite parlamentario en el Senado, propuesta por Podemos, desde donde pasó al Congreso, siguiendo el camino inverso al habitual, por lo que Alarcón valoró que “llevará más tiempo de reflexión” en la Cámara Baja. Prueba de la complejidad jurídica que implican estos asuntos es que, señaló, aún quedan expedientes que resolver de Cuba.