Cuba en el informe del Departamento de Estado sobre la situación global de los derechos humanos
Por Arturo López Levy
El Departamento de Estado en EE.UU publicó su informe sobre derechos humanos en el mundo con sus respectivas referencias a Cuba. Una lectura del mismo y algunos de los comentarios que ha motivado provocan las siguientes reflexiones:
1- Todos los estados tienen derecho a escribir esos informes. La acusación de funcionarios e intelectuales cubanos cercanos al gobierno en la Habana de que EE.UU no puede juzgar a los demás sin antes juzgar sus propios abusos carece de asidero legal y político. Simplemente, eso no es lo que postula el modelo de la declaración universal donde el conjunto mínimo de derechos contenido en ese documento y en los pactos sucesivos son considerados como preocupaciones legítimas de toda la comunidad internacional.
Al firmar los instrumentos legales de derechos humanos, Cuba expresó, aun con reservas, su aquiescencia fundamental con esos paradigmas. No hay nada en el derecho internacional que establezca como requisito para denunciar que un estado debe tener un record perfecto o siquiera mejor que el de aquellos que critica. De hecho, el espíritu de los pactos de derechos humanos de 1966 es de exhortación a la denuncia como forma de nombrar y avergonzar a los violadores diferenciándolos de las buenas prácticas. Ojala todos los estados, incluyendo Cuba, escribieran informes sobre el tema.
2- El informe contiene críticas objetivas a Cuba en términos de gobernanza, déficits de participación política, derechos de asociación y expresión. Son válidas en tanto reflejan desviaciones de las prácticas cubanas de los estándares internacionales, fundamentalmente en los derechos civiles y políticos.
Las críticas a la corrupción, falta de transparencia; aumento de desigualdades; falta de monitoreo independiente desde la sociedad civil sobre la situación en las cárceles; restricciones arbitrarias sin argumentación debida a las libertades de expresión y asociación deberían generar una respuesta constructiva y un dialogo entre los diferentes sectores del gobierno y la sociedad civil cubana. Un aspecto donde es evidente que el gobierno cubano se desvía de los postulados de la Declaración Universal; el supuesto delito de “peligrosidad social”, por el cual las personas pueden cumplir hasta penas de cárcel por algo tan arbitrario como la potencialidad para delinquir.
3- El informe reproduce el sesgo general estadounidense donde los derechos civiles y políticos son vistos arbitrariamente con jerarquía superior a los económicos, culturales y sociales. Ese sesgo unilateralmente adoptado no es postulado en el modelo de la Declaración Universal de Derechos humanos que considera a todos los derechos universales, indivisibles e interdependientes. Un informe menos sesgado podría reconocer avances y esfuerzos del gobierno cubano en áreas de derechos humanos subvaloradas en el mismo como son la educación, la salud, y la seguridad pública.
4- El informe ignora olímpicamente el efecto del embargo estadounidense en la situación de los derechos humanos en Cuba. No nota siquiera que la Asamblea General de la ONU, los altos comisionados para los derechos humanos, y las organizaciones no gubernamentales más prestigiosas en el tema, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han condenado esa política como violatoria en si misma de los derechos humanos de los cubanos y norteamericanos, además de contraproducente a la promoción de los derechos humanos en Cuba.
5- El informe socava la validez de sus propios planteamientos al incluir de forma prominente la acusación de Ángel Carromero sobre el supuesto asesinato de Oswaldo Paya y Harold Cepero. La “denuncia” de Carromero no cuenta con el respaldo del gobierno español. En sus declaraciones, Carromero ha cambiado varias vecesel color del supuesto carro que supuestamente lo empujó fuera de la carretera. Es público que en momento del accidente tenía suspendida la licencia para conducir en su propio país.
6- La reapertura de las embajadas en la Habana y Washington a una semana de la publicación del informe confirma que este ha tenido efectos negativos en el proceso de diálogo y restablecimiento de relaciones entre Cuba y EE.UU. Ni las criticas justas y objetivas al gobierno cubano ni las manipulaciones políticas del tema derechos humanos para favorecer a aquellos sectores opositores mas del agrado del gobierno estadounidense y del exilio que apoya a la ley Helms- Burton son sorpresa.
En los márgenes, el informe contiene elementos positivos como el destaque en la parte introductoria de una serie de compromisos de las autoridades cubanas en el marco de la apertura del 17 de diciembre de 2014. Entre esos gestos se destaca la liberación de 56 prisioneros y el compromiso cubano a permitir un mayor acceso de la Cruz Roja y la ONU a áreas de interés en derechos humanos. Como balance, ha sido un informe menos partidista e ideologizado que los de años anteriores. Lamentablemente repite patrones de manipulación con los cuales socava lo que ha sido en otros países una contribución positiva a la discusión nacional sobre el tema.
1- Todos los estados tienen derecho a escribir esos informes. La acusación de funcionarios e intelectuales cubanos cercanos al gobierno en la Habana de que EE.UU no puede juzgar a los demás sin antes juzgar sus propios abusos carece de asidero legal y político. Simplemente, eso no es lo que postula el modelo de la declaración universal donde el conjunto mínimo de derechos contenido en ese documento y en los pactos sucesivos son considerados como preocupaciones legítimas de toda la comunidad internacional.
Al firmar los instrumentos legales de derechos humanos, Cuba expresó, aun con reservas, su aquiescencia fundamental con esos paradigmas. No hay nada en el derecho internacional que establezca como requisito para denunciar que un estado debe tener un record perfecto o siquiera mejor que el de aquellos que critica. De hecho, el espíritu de los pactos de derechos humanos de 1966 es de exhortación a la denuncia como forma de nombrar y avergonzar a los violadores diferenciándolos de las buenas prácticas. Ojala todos los estados, incluyendo Cuba, escribieran informes sobre el tema.
2- El informe contiene críticas objetivas a Cuba en términos de gobernanza, déficits de participación política, derechos de asociación y expresión. Son válidas en tanto reflejan desviaciones de las prácticas cubanas de los estándares internacionales, fundamentalmente en los derechos civiles y políticos.
Las críticas a la corrupción, falta de transparencia; aumento de desigualdades; falta de monitoreo independiente desde la sociedad civil sobre la situación en las cárceles; restricciones arbitrarias sin argumentación debida a las libertades de expresión y asociación deberían generar una respuesta constructiva y un dialogo entre los diferentes sectores del gobierno y la sociedad civil cubana. Un aspecto donde es evidente que el gobierno cubano se desvía de los postulados de la Declaración Universal; el supuesto delito de “peligrosidad social”, por el cual las personas pueden cumplir hasta penas de cárcel por algo tan arbitrario como la potencialidad para delinquir.
3- El informe reproduce el sesgo general estadounidense donde los derechos civiles y políticos son vistos arbitrariamente con jerarquía superior a los económicos, culturales y sociales. Ese sesgo unilateralmente adoptado no es postulado en el modelo de la Declaración Universal de Derechos humanos que considera a todos los derechos universales, indivisibles e interdependientes. Un informe menos sesgado podría reconocer avances y esfuerzos del gobierno cubano en áreas de derechos humanos subvaloradas en el mismo como son la educación, la salud, y la seguridad pública.
4- El informe ignora olímpicamente el efecto del embargo estadounidense en la situación de los derechos humanos en Cuba. No nota siquiera que la Asamblea General de la ONU, los altos comisionados para los derechos humanos, y las organizaciones no gubernamentales más prestigiosas en el tema, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han condenado esa política como violatoria en si misma de los derechos humanos de los cubanos y norteamericanos, además de contraproducente a la promoción de los derechos humanos en Cuba.
5- El informe socava la validez de sus propios planteamientos al incluir de forma prominente la acusación de Ángel Carromero sobre el supuesto asesinato de Oswaldo Paya y Harold Cepero. La “denuncia” de Carromero no cuenta con el respaldo del gobierno español. En sus declaraciones, Carromero ha cambiado varias vecesel color del supuesto carro que supuestamente lo empujó fuera de la carretera. Es público que en momento del accidente tenía suspendida la licencia para conducir en su propio país.
6- La reapertura de las embajadas en la Habana y Washington a una semana de la publicación del informe confirma que este ha tenido efectos negativos en el proceso de diálogo y restablecimiento de relaciones entre Cuba y EE.UU. Ni las criticas justas y objetivas al gobierno cubano ni las manipulaciones políticas del tema derechos humanos para favorecer a aquellos sectores opositores mas del agrado del gobierno estadounidense y del exilio que apoya a la ley Helms- Burton son sorpresa.
En los márgenes, el informe contiene elementos positivos como el destaque en la parte introductoria de una serie de compromisos de las autoridades cubanas en el marco de la apertura del 17 de diciembre de 2014. Entre esos gestos se destaca la liberación de 56 prisioneros y el compromiso cubano a permitir un mayor acceso de la Cruz Roja y la ONU a áreas de interés en derechos humanos. Como balance, ha sido un informe menos partidista e ideologizado que los de años anteriores. Lamentablemente repite patrones de manipulación con los cuales socava lo que ha sido en otros países una contribución positiva a la discusión nacional sobre el tema.