Por: Lourdes Cabezón López

El sucesor de Gutiérrez de la Concha en la Capitanía General de Cuba, Francisco Serrano (1859-1862), casado con una noble criolla, prosiguió con gran habilidad la obra de su antecesor, amparó en todo momento a los peninsulares en los negocios (empezando por el esclavista Julián Zulueta), pero sin por ello dejar de recibir y escuchar al grupo de los reformistas políticos. Mantener a unos y asimilar a otros. O quizá favorecer a unos y conseguir mantener embaucados a los otros. El juego era muy delicado.

Incluso, tras dejar su puesto de Capitán General en 1862, pareció convertirse en Madrid en respetable interlocutor de la causa reformista, como así lo demuestran sus distintas intervenciones públicas, en las que proponía poner fin al mercado reservado para las harinas y textiles peninsulares, el cese de la trata de esclavos y la concesión de la representación política, aunque Cánovas, ministro de Ultramar por esas fechas, le fue dando largas. No obstante, hay que decir que Francisco Serrano durante su mandato no varió ni un ápice la textura de las directrices coloniales establecidas.

En cuanto a los cubanos, siguen desengañándose poco a poco. En 1862 tiene lugar un hecho importante en este sentido: se funda el Gran Oriente de Cuba y las Antillas, del que formarán parte Céspedes, Agramonte, Maceo y Máximo Gómez, los cabecillas de las futuras guerras. También los peninsulares eran masones, pero de otra obediencia, como se verá.

Tras la salida de Serrano, le sustituyó otro general del grupo de O’Donell, Domingo Dulce (1862-1866). Este estuvo también casado con otra criolla, muy vinculada a la élite hispano-cubana, la Condesa de Santovenia.

Dulce procuró seguir un criterio similar al de Serrano, esto es, no alterar el estatus colonial ni el poder de los propeninsulares, sin que ello supusiera cancelar los contactos con los reformistas. De hecho, la tolerancia de prensa fue bastante amplia durante este su primer mandato. En último término, dicho Capitán General, y el propio O’Donell en Madrid, prefirieron plantear durante estos años una política de atracción de toda la élite hispano-antillana al poder de la Capitanía General, intentando conjurar así tensiones dentro de la Colonia. Pero el estatus colonial y el poder establecido seguirían prácticamente intactos.

Sin embargo, algunos de los más destacados individuos del grupo propeninsular, desde la falsa seguridad y la soberbia del poder que solo recientemente acababan de conseguir, consideraban ya fuera de lugar este doble juego. De hecho, y a nivel particular, el propio Julián Zulueta tuvo un desabrido enfrentamiento con Domingo Dulce. No por casualidad, al finalizar su mandato este en 1866, sería sustituido por un militar de «línea dura», Francisco Lersundi (1866-1869). Pero esta medida, en principio destinada a fortalecer el estatus colonial, supuso el punto de inflexión, la ruptura de la élite antillana con respecto a la soberanía española en la Isla. Porque Lersundi rompe con la doble política de «mantenimiento y atracción», acosando a los reformistas, cerrando sus círculos y centros de reunión y encorsetando a la prensa. Por otra parte, con el inicio de la primera república en España se habían abierto prometedoras negociaciones con los cubanos, que sorprendentemente van a acabar con que en 1866 el gobierno impone mantener todo como está, salvo el impuesto sobre todas las rentas de la isla, que sube al 10 %. ¿Que curioso,no? La contradicción latente, todavía no explícita, colonia- metrópoli; productor -comerciante; criollo-español que se había ido gestando a lo largo del siglo había quedado ahora crudamente al descubierto.

De manera que la actitud de Lersundi como Capitán General frente al reformismo y los abusos cometidos en la represión de esta tendencia, así como la pérdida de las esperanzas en el cambio de política por parte de la metrópoli, aceleraron el desencadenamiento del Grito de Yara, en 1869, en la finca la Demajagua, que pertenecía al hacendado Carlos Manuel Céspedes. Así se inicia la primera guerra, llamada de los diez años en que intervienen 200.000 españoles, al mando del general Martínez Campos. Por parte de los insurrectos, los cabecillas serán Manuel Céspedes, Máximo Gómez y Antonio Maceo.

El mando español se lanzó entonces a una serie indiscriminada de expropiaciones, en principio solo de las propiedades de los insurrectos, pero que en realidad afectaron a mucha más gente, lo cual echo a muchos pequeños y medianos propietarios, en principio españolistas, en brazos de la insurrección. Pudiera ser que eso fuera lo que buscara el mando español: sustituir mayoritariamente a la población criolla -no muy leal, a juzgar por lo que había pasado en el resto de Hispanoamérica-, con nuevos pobladores peninsulares. Un poco como lo que hizo hace unos cuarenta años Marruecos con el Sáhara español. En realidad, hace mucho que está todo inventado.
Lo curioso es que este conflicto se produce un año después de proclamarse la primera república en España. La Revolución democrática de septiembre de 1868, conocida como “la gloriosa”, que echó a la reina del país, parecía que iba a traer por fin un estatus legal de provincia española a la isla, con la concesión de derechos civiles, abolición de la esclavitud y autonomía política, todo ello prometido por los revolucionarios. Sin embargo, como se ha dicho, los cambios políticos incesantes en la península no afectaban a la política, siempre intransigente, respecto a la isla. El 9 de octubre, pues, Manuel Céspedes se alza en armas y promete la emancipación de los esclavos que se le sumen. De manera que negros y mulatos, por estas fechas una cuarta parte de la población, se incorporan al movimiento independentista.

A partir de 1868, por otra parte, se puede constatar la existencia de un doble poder español en La Habana: por un lado el poder institucional de los Capitanes Generales y por otro el del grupo propeninsular en torno al Casino de La Habana. Ambos poderes podían coincidir o no en sus relaciones y fines políticos, pero lo que se observaba con toda nitidez era que los propeninsulares, ante la radicalización de la situación, que en buena manera ellos mismos habían provocado, prefirieron vertebrar un orden propio, más allá de cualquier vinculación y por ende, más allá de cualquier partido.

El Casino parecía imponerse a Madrid y finalmente el Capitán General se convirtió en su instrumento. En este sentido, Cándido Pieltaín se había de encontrar en una de las situaciones más desequilibradas y complejas de la Capitanía General de Cuba. Padecería como nunca la presión del Gobierno de Madrid, la del Casino, la de los Voluntarios y, por supuesto, la de los insurrectos. No tardó en presentar su dimisión a los pocos meses. La situación se complicaba.
Hay razones para creer que propeninsulares como Julián Zulueta o Juan Manuel de Manzanedo fueron los que llegaron a sufragar económicamente la vuelta de los Borbones a Madrid en la figura de Alfonso XII. De manera que hasta ahí llegaba su poder. Ya no es posible saber qué hubiera sucedido si ellos no hubieran manejado los hilos, si el gobierno de Madrid hubiera podido dirigir la política con respecto a Cuba sin las extraordinarias presiones de este grupo. No obstante, en 1878 el grupo y la propia fuerza del Casino sufrieron un serio revés con la súbita muerte en accidente de Julián Zulueta, cabeza visible de todos los entresijos del poder, y representante del esclavismo por excelencia.

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